“El Frente habla de discapacidad" es el título de un documento elaborado por la Comisión de Discapacidad del Frente Amplio (FA), creada en mayo de este año en el área de la Comisión de Asuntos Sociales de la fuerza política y que tiene como objetivo "favorecer la participación, tomar las demandas y opiniones del colectivo de personas con discapacidad, y construir línea política" que puedan influir en el debate programático que tendrá el FA el próximo año. En su fundamentación, la comisión señala que existe “una ausencia histórica de trabajo político en el tema de la discapacidad. No ha habido un involucramiento de la izquierda política y social en promover la organización de las personas con discapacidad para su integración en las luchas sociales, lo que en gran medida puede explicar lo básico de las luchas por la inclusión de las personas con discapacidad. Cuando la lucha es por el aumento salarial, pelean por tener un salario; cuando es por mejorar los tiempos de atención a la salud, la pelea es por poder entrar a todos los consultorios; cuando es por la rebaja del boleto, pelean por poder subirse al ómnibus”.

Tras reuniones con organizaciones sociales y referentes del área, la comisión, que integran personas con y sin discapacidad, elaboró en setiembre un documento de síntesis, en el que resumen su visión sobre la situación de las personas con discapacidad en Uruguay, a quienes consideran “una de las poblaciones más expuestas a la desigualdad social”, ya que en este colectivo el desempleo, bajo nivel educativo y el índice de pobreza “son significativamente superiores al resto de la población”. El documento asegura que el FA ha implementado una serie “de acciones importantes” en la materia pero que “han carecido de perspectiva estratégica”, y mencionan que un indicador de esto es que recién en 2014 se incorporó explícitamente el tema en el programa de gobierno.

La comisión considera que “los principales movimientos sociales no han incorporado históricamente en sus plataformas aspectos que reivindiquen los derechos de las personas con discapacidad”, aunque destacan que recientemente el PIT-CNT creó una Comisión de Discapacidad y que el movimiento estudiantil “ha incorporado en sus plataformas el tema de la accesibilidad universal”.

Sobre la acción del actual gobierno en la materia, el documento reconoce que se planteó como prioridad el Sistema Integrado de Cuidados, pero puntualiza que esta política, “si bien es un gran paso para el país, contempla solamente a las personas con discapacidad y dependencia severa”, lo que implica que con el programa de asistentes personales se atenderá a 6.000 personas, mientras que la población con discapacidad es de, según el Censo 2011, más de 500.000. La comisión entiende que “se ha generado una gran confusión entre discapacidad y dependencia que no ha permitido desplegar el programa de desarrollo de una política de discapacidad, ya que muchas personas con discapacidad pueden desarrollarse con autonomía y tener una vida independiente si se les dan las oportunidades de educación y formación laboral adecuadas”.

Por otra parte, afirman que “el principal aporte programático que está trabajando el gobierno en esta materia” provino del impulso del movimiento sindical, que presentó y promovió el proyecto de ley de inclusión laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado, iniciativa que actualmente se encuentra “trancada” en el Senado.

Del programa de gobierno recuerdan que se está en el debe respecto de la creación del Instituto Nacional de la Discapacidad, en la unificación de criterios de valoración y la certificación única de la discapacidad, así como en la creación y avance en un Plan Nacional de Rehabilitación y un Plan Nacional de Accesibilidad. El documento también menciona que si bien el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas “ha sido un paso trascendente en el proceso de cambios, al día de hoy los usuarios manifiestan que la entrega de las ayudas está sujeta a largas demoras y múltiples rechazos de solicitudes”, y señalan que el centro no tiene el presupuesto suficiente. Como avances reconocen la implementación de un plan de acceso a la justicia en 2016 y el trabajo en acciones de promoción del turismo accesible.