Pocos lo esperaban: en la mañana de ayer, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, pidió perdón por la actuación de la policía nacional y la guardia civil el domingo 1º de octubre, cuando la represión del intento de referéndum independentista dejó más de 800 heridos. "Lo lamento muchísimo y pido excusas porque no quisiera que le pasara a ninguna persona que haya de ser atendida o haber sufrido una lesión", dijo Millo, que milita en la rama catalana del Partido Popular, durante una entrevista con TV3, la principal televisora de Cataluña.

Tras esa admisión, Millo acusó al gobierno catalán de haber desencadenado la situación al convocar a la ciudadanía a un pronunciamiento electoral ilegal.

Sus declaraciones no cayeron nada bien a los gremios policiales, que anunciaron que pedirán la renuncia de Millo. Además, el sindicato unificado de la policía explicó que hubo que actuar con fuerza debido a la “inacción” de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) y a la poca anticipación con que recibieron la orden de precintar los centros de votación.

Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunció que comparecerá ante el parlamento autonómico el martes, pero, en otra señal de acercamiento, no mencionó la “declaración unilateral de independencia” que tanto teme el gobierno nacional español. Esta nueva convocatoria con los legisladores es distinta a la anterior, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional español, en la que Puigdemont iba a evaluar los resultados de la consulta del 1º de octubre y a considerar “sus efectos”. Ahora, en cambio, sólo está previsto que hable de “la situación actual”.

En el frente económico-financiero, por su parte, se siguen enviando señales. El banco Sabadell fue el primero en anunciar, el jueves, que iba a trasladar su razón social a Alicante, en Valencia, dada la baja en sus acciones que se desató tras la posibilidad de que Cataluña, al independizarse, saliera de la zona euro y, por lo tanto, quedara sin posibilidad de recibir créditos del Banco Central Europeo, entre otros contratiempos. Ayer hizo lo mismo Caixa Banc, que trasladó su casa matriz a Valencia; otras entidades financieras, además de empresas de diversos rubros, avisaron que adoptarían medidas similares. Quizás la más emblemática de estas sea Freixenet, el mayor exportador de cava (champagne) de Cataluña.

Ayer, además, el Consejo de Ministros del gobierno nacional aprobó un decreto que facilita el traslado legal de las casas matrices de las corporaciones con sede en el territorio español. La normativa vigente exigía que tales “mudanzas” fueran aprobadas por una asamblea de accionistas, pero ahora alcanzará con una decisión a nivel de junta directiva.

A su modo, el empresariado europeo también se ha expresado: Seat, principal automotriz de la península y parte del grupo Volkswagen, acalló los rumores de su traslado a Madrid al tiempo que hizo un claro reclamo al gobierno autonómico y a las autoridades españolas: “Seat es una empresa arraigada en Barcelona, Cataluña y España. Al mismo tiempo, es una multinacional con una visión global y, como cualquier empresa, necesita un entorno político estable”.