Cosecha de cannabis en Tierra Santa, la mayor plantación legal de cannabis medicinal de Latinoamérica, en Linares, 350 km al sur de Santiago de Chile. / foto: Christian Miranda, afp (marzo de 2016)

La legalización de la marihuana para fines recreativos o medicinales avanza en varios países del continente

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Cada vez son más las voces —científicas, sociales— que insisten en los beneficios del consumo de la marihuana, tanto para el tratamiento de enfermedades como para fines recreativos. En América, la última década estuvo marcada por la apertura del debate sobre este tema, que en muchos casos desembocó en la promulgación de decretos y leyes que regularizan el consumo. Sin embargo, no todas las normativas son iguales, y en la mayoría de los casos los activistas ven que queda mucha tela por cortar.

Por eso organizan todos los años movilizaciones como las que tendrán lugar hoy en distintas ciudades del mundo. La Marcha Mundial de la Marihuana, que se realiza el primer fin de semana de mayo desde 1999, tiene como principal objetivo visibilizar la necesidad de normalizar la situación del cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores. Otros reclamos dependen de las particularidades de cada país y de cuán avanzada esté la discusión parlamentaria (y también la social).

Por ahora, 2017 es un buen año en ese sentido. En Argentina y México, la marihuana fue legalizada para fines medicinales, aliviando así el dolor —y el bolsillo— de muchas personas que la utilizan con fines terapéuticos. También Colombia reglamentó ese uso. En Estados Unidos, aunque la ley federal sigue prohibiendo cualquier tipo de consumo, surgen iniciativas de legalizarlo en los estados. En Chile, las organizaciones civiles todavía buscan modificar una normativa que, según sostienen, encarcela indiscriminadamente a los consumidores, que impulsan manifestaciones cada vez más masivas. Todo esto sin contar, por supuesto, el ejemplo de Uruguay, el primer país de la región que legalizó la producción, el consumo y la venta de cannabis, y que recién empieza a transitar su implementación.

Lo que nos calma

“No estoy a favor del consumo ni de la legalización de la marihuana, porque se ha evidenciado que el consumo de esta sustancia es nocivo para el desarrollo de la juventud y de la niñez”, había dicho en diciembre de 2015 el presidente de México, Enrique Peña Nieto. “Pero no puedo ser el único dueño de la verdad”, agregó en ese entonces. Unos días después, su gobierno anunció el inicio de un debate público para escuchar opiniones de la sociedad civil, de médicos y de académicos para desentrañar la cuestión de la regulación de la marihuana en el país. Peña Nieto terminó convenciéndose de que el cannabis es beneficioso cuando se usa como paliativo, y cinco meses después presentó ante el Parlamento una iniciativa al respecto.

El proceso de debate parlamentario terminó recién el viernes 28 de abril, cuando los legisladores mexicanos aprobaron las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal —que regulan todo lo relacionado a las drogas— y legalizaron así el uso medicinal de la marihuana y la investigación científica.

Con las enmiendas, se establece al tetrahidrocannabinol —el principal componente activo de la marihuana— “como una sustancia psicotrópica con valor terapéutico” que no representa un problema de salud pública cuando sus concentraciones sean menores o iguales a 1%. Bajo esas condiciones, los productos derivados de la marihuana y los que tengan usos industriales “podrán comercializarse, exportarse e importarse”, dice el texto. La ley establece, además, que la Secretaría de Salud será la encargada de diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana y coordinará la investigación y producción nacional al respecto. A la vez, el dictamen del Parlamento mexicano retira a la marihuana de la categoría de “vegetal prohibido” para permitir su siembra, cultivo, cosecha, preparación, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo y uso “con fines médicos y científicos”, en los términos y condiciones que autorice el gobierno.

Algo similar pasó unos días antes en Argentina, cuando la Cámara de Senadores convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto para el uso medicinal del cannabis que ya tenía la media sanción de Diputados. El texto establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta y busca crear un programa nacional. Al igual que en México, en Argentina será el Ministerio de Salud el que deberá garantizar el suministro de los insumos necesarios a aquellos pacientes que lo requieran y permitir la importación y la producción.

La ley contempla la autorización para cultivar cannabis a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, siempre que sea con fines de investigación médica y científica. Además, el programa nacional contemplará la capacitación de profesionales de la salud en el uso del cannabis medicinal y la entrega gratuita de marihuana a todas las personas que se registren.

Las regulaciones mexicana y argentina permitirán que personas con enfermedades como la epilepsia, la artritis, el alzheimer, el asma, la esclerosis múltiple, el dolor crónico, algunos tipos de cáncer y el glaucoma, entre otras, puedan acceder a los medicamentos que tienen cannabis. Sin embargo, ninguna de las dos autoriza el autocultivo, algo que facilitaría mucho el tratamiento a las personas que cultivan su propia marihuana medicinal. Por lo tanto, para las organizaciones civiles que defienden la legalización total son normativas incompletas. Al respecto, la presidenta de Cannabis Medicinal Argentina, Ana María Nicora, dijo a la revista de cultura cannábica THC que la aprobación de la planta para uso medicinal es sólo “el comienzo” y que “hay que seguir trabajando”.

Paso a paso

Otro de los países latinoamericanos que dio un paso adelante en los últimos meses fue Colombia, que en abril también reglamentó el uso medicinal de la marihuana. El decreto, que fue ratificado por el Ministerio de Salud (un paso necesario para que entrara en vigencia), establece las normas de evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, distribución y uso de la semilla para la siembra de la planta del cannabis con fines medicinales.

En Colombia, la marihuana para uso recreativo fue aprobada en 1994, mediante una sentencia de la Corte Constitucional que legalizó la tenencia de hasta un máximo de 20 plantas por persona y el porte de hasta 20 gramos para consumo personal.

En tanto, en Brasil, el proceso es lento. La popular Marcha da Maconha, que se realiza siempre en el marco de la marcha mundial, gana trascendencia este año porque el Supremo Tribunal Federal (STF) está por decidir si se despenaliza la tenencia de drogas para consumo recreativo. La ley en vigencia, promulgada en 2006, establece que se pueden llevar drogas para uso personal pero no deja clara la cantidad permitida, lo que ha llevado al arresto de personas que tenían ínfimas cantidades de marihuana. Es el caso de un hombre de San Pablo que fue condenado en 2009 por microtráfico por transportar tres gramos de la planta.

El debate sobre las drogas en Brasil cobró fuerza a principios de 2017 por la crisis carcelaria que se desató en varios estados —un tercio de la población en cárceles tiene condenas por delitos relacionados con drogas— y por la muerte de Teori Zavascki, el juez del STF que estaba a cargo de informar a esa corte sobre este tema. Tras su fallecimiento, en enero, la discusión quedó en manos del ex ministro de Justicia Alexandre de Moraes, quien por el momento no se ha manifestado a favor de la legalización de drogas para consumo recreativo. De Moraes es uno de los responsables de la investigación sobre el esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras y fue ministro de Justicia del presidente de Brasil, Michel Temer.

La última pulseada que ganaron los activistas por la legalización se dio en enero, cuando la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó el registro del primer medicamento fabricado a base de cannabis. Se trata del Mevatyl, un compuesto indicado para pacientes mayores de 18 años con esclerosis múltiple.

Cuestión de estados

El mapa de Estados Unidos también se va pintando, poco a poco, de verde. Desde que empezó el siglo XXI, cada vez más estados legalizaron el consumo de la marihuana, ya sea para uso medicinal como recreativo. La avalancha de legalizaciones empezó en 2013, cuando el gobierno del entonces presidente Barack Obama anunció que no bloquearía las leyes estatales aprobadas en 2012, que incluía el pedido de varios estados a favor del cannabis. En este país, la ley federal prohíbe sin excepciones la marihuana, lo que paralizó varios procesos de despenalización.

La última seguidilla de aprobaciones tuvo lugar en las elecciones estadounidenses de noviembre, en las que tres estados legalizaron la marihuana para uso recreativo y otros cuatro lo hicieron para uso medicinal. De esta forma, en un total de ocho estados está permitido consumir marihuana con fines recreativos y en 28 para combatir dolores y enfermedades sin la necesidad de una prescripción médica.

Todavía está por verse si esta política de drogas se mantendrá bajo la administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario todavía no manifestó una postura clara, aunque por algunas declaraciones que han hecho miembros de su gobierno y él mismo se espera que sea más dura que la de su antecesor. En abril, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que “todavía hay una ley federal que se debe obedecer”, aunque aclaró que Trump no está en contra del uso terapéutico del cannabis porque “entiende el dolor y sufrimiento de muchas personas que se enfrentan a enfermedades terminales”. No obstante, Spicer dejó claro que el presidente no tiene ninguna intención de seguir adelante con la postura “permisiva” de Obama, porque considera el uso recreativo del cannabis “una violación flagrante de la ley”. De hecho, el propio Trump dijo en varias ocasiones que dada la crisis que hay en su país debido a las muertes por sobredosis de opioides, lo peor que podría hacer su gobierno sería “alentar” el consumo de más drogas. En febrero, Spicer había advertido que el Departamento de Justicia podría poner trabas en los estados que buscan legalizar la marihuana e incluso en aquellos que ya la legalizaron.

La postura del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, refuerza esta idea. Hace unas semanas, Sessions dijo: “Los estados podrán seguir aprobando leyes de legalización, pero la distribución de la droga en cualquier lugar de Estados Unidos sigue siendo una violación de la ley federal”. El problema es que, según la normativa federal —que prohíbe el consumo, el cultivo y la distribución de la marihuana—, las leyes estatales de legalización son inconstitucionales. Las declaraciones del fiscal general alarmaron a los gobernadores de cuatro estados que legalizaron la marihuana, que enviaron una carta a Sessions recordándole que fueron los ciudadanos los que decidieron la legalización. También le informan que los gobiernos locales aprobaron leyes regulatorias que priorizan la salud y la seguridad pública, reducen la encarcelación y expanden las economías estatales.

En falta

Un día de noviembre de 2015, Daniela Santibáñez estaba sentada en el living de su casa, ubicada en la región chilena de Aysén. De repente, la Policía irrumpió y la detuvo por tener 45 plantas de marihuana. Los funcionarios no escucharon a la mujer, que ya esposada les explicaba que las usaba para tratarse un dolor de espalda crónico.

Su explicación venía al caso: en Chile, la Ley de Drogas —o Ley 20.000— no criminaliza el uso de la marihuana con fines medicinales. El artículo de la norma que ampara ese uso establece que “el que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas será castigado con presidio [...] a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. De ese texto se desprende que esta ley también permite el uso y autocultivo del cannabis para uso recreativo.

Sin embargo, los activistas chilenos exigen que la norma sea modificada, ya que, tal como está redactada, da pie a una interpretación “laxa”, “subjetiva” y “azarosa” —en palabras de las organizaciones civiles Movimental y Amigos del Cannabis—. Esta interpretación vaga llevó al encarcelamiento de decenas de personas por porte y consumo de drogas, cuando en realidad el objetivo original —cuando el entonces presidente Ricardo Lagos la promulgó en 2005— era perseguir a los narcotraficantes.

Los activistas piden también que se elimine al cannabis de la lista de “sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”. Los críticos de la ley plantean que existe suficiente evidencia científica que refuta esta clasificación.

Ana María Gazmuri, directora ejecutiva y creadora de la Fundación Daya —la organización que impulsó el uso medicinal del cannabis en Chile—, dijo al diario El Economista de México que recién en 2015 hubo un cambio en la mirada judicial, ya que la Corte Suprema empezó a fallar a favor de los usuarios. Sin embargo, la regulación está lejos de ser completa o justa, aclaró. El descontento con la ley vigente quedó en evidencia el 20 de abril, cuando más de 1.500 chilenos marcharon para visibilizar sus reclamos en el ya famoso “fumatón”.

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