La condena del ex presidente Lula por el juez Sérgio Moro no sorprende. Así como no sorprende que, en la sentencia condenatoria, Moro se haya pronunciado no como un juez justo e imparcial, sino como un justiciero; es decir, como alguien al que se otorga el derecho de hacer justicia por sus propias manos, desobedeciendo las normas del Estado de Derecho y del debido proceso legal.

La denuncia del Ministerio Público contra el ex presidente carece de fundamento probatorio y de la comprobación material de que Lula tenía conocimiento de los ilícitos practicados por la empresa OAS en Petrobrás y de que el ex presidente habría recibido el derecho de propiedad de un apartamento como resultado de su participación en tales ilícitos practicados por la empresa en colusión con directores de la estatal petrolera.

La presentación de la denuncia contra Lula por el equipo del procurador Deltan Dallagnol el 15 de setiembre de 2016 fue un show mediático en que los fiscales, dominados por un comportamiento mesiánico y con conducta panfletaria, se ocuparon únicamente de presentar a Brasil, en transmisión en vivo por la televisión, la teoría de que el Partido de los Trabajadores (PT) sería una organización criminal y Lula, consecuentemente, sería el “jefe mayor”, el “comandante supremo” de esta organización.

Durante el proceso judicial, casi un centenar de testigos, varias pericias técnicas, laudos de investigación y documentos demostraron la fragilidad de las acusaciones del Ministerio Público.

Además, la defensa del ex presidente no sólo probó la inocencia en relación con las falsas imputaciones, sino que también comprobó la ausencia de culpa, demostrando que el citado apartamento, que se le atribuye como prueba del pago de la matrícula de la empresa OAS, en realidad pertenece a la Caixa Econômica Federal. El inmueble no puede pertenecer al mismo tiempo al banco estatal y al propio Lula, como acusaron a los fiscales.

Si hubiera optado por realizar un trabajo técnico y jurídico, Sérgio Moro se hubiera visto obligado a archivar la denuncia, porque esta no se sostiene. A pesar de ello, decidió condenar a Lula a nueve años y seis meses y prohibirle ejercer cargo o función pública por 19 años, hasta 2036.

La lectura de la extensa manifestación de Sérgio Moro, de 218 páginas, autoriza a concluir que el juez no dictó una sentencia judicial, sino que escribió una pieza de acusación. La sentencia divulgada el 12 de julio de 2017 evidencia que Moro no actuó como juez imparcial y justo, porque asumió el papel de promotor de la acusación.

El Lava Jato es una operación jurídica y policial desencadenada en marzo de 2014 con el supuesto propósito de investigar esquemas de corrupción instalados hace décadas en Petrobrás. La lucha contra la corrupción se ha revelado en realidad como un pretexto para el plan estratégico de liquidar al PT y herir mortalmente la imagen del ex presidente Lula.

A medida que avanzaba el calendario electoral de 2014, resultó evidente que la operación del Lava Jato estaba siendo dirigida por fiscales, policías federales y jueces que tenían posición partidaria y manifestaban en las redes sociales su simpatía a uno de los candidatos, el opositor Aécio Neves, del PSDB.

Durante la elección, algunas veces de manera sutil y en otras ocasiones de manera burda, se hicieron denuncias y se autorizaron procedimientos policiales selectivos con el objetivo de desestabilizar la candidatura a la reelección de la presidenta Rousseff, del PT, y contribuir a la victoria de Aécio Neves, del PSDB.

Con el paso del tiempo, quedó claro que el activismo de los fiscales, policías federales y jueces estaba más relacionado con un proyecto de poder que con el efectivo combate a la corrupción.

El pensador y filósofo italiano Norberto Bobbio enseñaba: “El fascista habla todo el tiempo de corrupción. Lo hizo en Italia en 1922, en Alemania en 1933 y en Brasil en 1964. Acusa, insulta, agrede como si fuera puro y honesto. Pero el fascista es sólo un criminal, un sociópata que persigue una carrera política. En el poder, no vacila en torturar, violar, robar sus pertenencias, su libertad y sus derechos. Más que corrupción, el fascista practica la maldad”.

Los sectores reaccionarios de la clase dominante brasileña nunca ocultaron la intolerancia histórica con las políticas de distribución de renta, de inclusión social y de desarrollo nacional soberano e independiente concretadas por los gobiernos progresistas y de izquierda.

Esta es la esencia de la elite nacional, siempre lista a destruir el Estado de Derecho, y atacar la Constitución y la democracia si es necesario, para sacar del poder a los gobiernos progresistas y populares, como se observa en la historia reciente del país: en 1954, llevaron a Getúlio Vargas al suicidio, en 1964 derribaron a Juan Goulart e instalaron la dictadura que duró 21 años, hasta 1985, y en 2016 desencadenaron el golpe a través del impeachment fraudulento de la presidenta Dilma.

La elite brasileña promueve una guerra ideológica permanente. En 2005, Jorge Bornhausen, el oligarca que apoyó la dictadura y después habitó todas las coaliciones conservadoras que se sucedieron en Brasil desde 1985 a 2002 (gobiernos de José Sarney, Collor de Melo y Fernando Henrique Cardoso), dijo que era “preciso poner fin a la raza de los petistas”.

La condena del ex presidente Lula en primera instancia se encuadra en este marco histórico, pero, además, es un procedimiento necesario para la continuación del golpe y del régimen de excepción vigente en Brasil.

La decisión del justiciero Sérgio Moro revela el compromiso de él como el militante partidista que se disfraza de una caricatura de juez para combatir enemigos ideológicos.

Moro es un actor clave en la estrategia golpista. Así como el 4 de marzo de 2016, cuando secuestró a Lula para un testimonio forzado, y el 16 de marzo de 2016, cuando interceptó y divulgó criminalmente conversaciones telefónicas de la presidenta Dilma para complicar el nombramiento de Lula para la Casa Civil, el 12 de julio de 2017 dio nueva muestra del sincronismo de su actuación con el emprendimiento golpista.

Sérgio Moro está haciendo su parte en el golpe. En la guerra contra el ex presidente intenta enterrar la posibilidad de retorno de las políticas de igualdad social, distribución de renta, desarrollo nacional y de inserción soberana, altiva e independiente de Brasil en el mundo que la elección de Lula representa.

La prioridad de la oligarquía brasileña es impedir, por todos los medios, la presencia del ex presidente Lula en la próxima elección, para garantizar la continuidad y la longevidad del golpe sin el riesgo del retorno del mayor líder popular de Brasil al gobierno. La decisión de Sérgio Moro es coherente con este objetivo.

* Jeferson Miola es integrante del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea); fue coordinador-ejecutivo del V Foro Social Mundial.