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Unión, fuerza y otras cuestiones

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En Uruguay, la industria farmacéutica de medicamentos para uso humano tiene un sindicato que es un caso exclusivo de América Latina, y quizá del mundo, porque une dos áreas de la industria que suelen estar divididas: la planta y la visita. Así lo contó Sebastián Gatto, visitador médico y secretario de prensa y propaganda del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), que surgió ...
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En Uruguay, la industria farmacéutica de medicamentos para uso humano tiene un sindicato que es un caso exclusivo de América Latina, y quizá del mundo, porque une dos áreas de la industria que suelen estar divididas: la planta y la visita. Así lo contó Sebastián Gatto, visitador médico y secretario de prensa y propaganda del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), que surgió en 1961 de la unión del Sindicato de Obreros y Empleados de Laboratorios (Adeyol) con la Asociación de Propagandistas Médicos del Uruguay (APMU).

El cálculo de cuántos trabajadores integran en total la industria del medicamento es difícil, porque muchas veces quedan incluidos trabajadores pertenecientes a otros sectores, como el veterinario. “No es muy claro cuántos somos”, dijo Diego Etchemendy, prosecretario del sindicato; “nosotros calculamos que debemos andar en tres mil y pico de trabajadores, de los cuales cerca de 50% están afiliados a SIMA”. La directiva considera que el nivel de afiliación y de acatamiento a los paros es “muy bueno”.

Si bien la industria nacional existe desde la década del 50, su crecimiento dio un salto a partir de los 90, cuando las empresas multinacionales cerraron sus plantas y estas fueron compradas por los laboratorios nacionales. A partir de entonces, las multinacionales se dedican a la venta de medicamentos patentados que traen del exterior (se trata, en general, de medicamentos de alta tecnología), mientras que los laboratorios nacionales se dedican a la fabricación y venta de medicamentos genéricos (aquellos que comparten el principio activo con el patentado y han pasado por pruebas de bioequivalencia que certifican que son intercambiables con el original).

“Hasta el año 2010, nunca habíamos tenido un secretario general de planta”, contó Etchemendy, y es que, históricamente, gran parte de la directiva del SIMA estaba formada por trabajadores de la visita. Fue recién después de la crisis de 2003 cuando, gracias al gran crecimiento de la industria local del medicamento, aumentó el porcentaje de trabajadores de planta afiliados al sindicato y este aumento quedó reflejado en la formación de la directiva.

Desde hace un año, el sindicato trabaja con Comuna, cooperativa creada en 2014 en la que participan seis economistas y un contador. Comuna tiene como objetivo principal apoyar a organizaciones sociales, fundamentalmente sindicatos y cooperativas, generando conocimiento que les permita facilitar el abordaje de diversos temas y problemáticas. En el caso de SIMA, el año pasado se concretó la versión preliminar de un informe sobre la industria del medicamento y este año tienen abiertas varias líneas de trabajo, con énfasis en una de las grandes preocupaciones del sindicato: las tercerizaciones.

Definiendo categorías

Los trabajadores de la industria del medicamento se caracterizan por tener un alto nivel educativo –la mayoría tiene más de 12 años de educación– y por ganar salarios más altos en comparación con otras ramas de la industria. Varios motivos explican esto último: “La fuerza y unidad sindical; que se trate de un sector que demanda trabajadores más calificados que el promedio, y tratarse de una actividad que genera altos valores”, explicó Martín Sanguinetti, economista de Comuna. Mariana García, también economista de la cooperativa, destacó como otra de las especificidades de esta industria que los gastos de marketing y publicidad están incluidos en la planilla de trabajadores: “Los salarios de los visitadores médicos –que son los más altos– operan como si fueran publicidad”.

El sindicato logró una resolución en 2005, cuando se retomaron los Consejos de Salarios, a partir de la que se definió el proceso del medicamento, es decir, dónde empieza y dónde termina la cadena industrial. Dicha resolución establecía que cualquier trabajador que realizase tareas que estuviesen dentro de esa descripción de categorías, sin importar el lugar en que las hiciera, debía tener los salarios y los beneficios de los trabajadores de la industria farmacéutica y del medicamento de uso humano, clasificados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el Grupo 7, subgrupo 01.

Etchemendy explicó que la industria del medicamento empieza y termina en un depósito: el primero es el de recepción de materias primas y el segundo el de acopio o expedición del medicamento ya pronto para la venta. En medio de estos dos extremos está la fabricación del producto en planta y su posterior acondicionado, que es cuando el medicamento ya está protegido –en un frasco o blíster– y es colocado en su caja con su prospecto.

Los problemas empiezan cuando una empresa lauda fuera de la industria del medicamento pero hace tareas que están insertas en esa categoría, como la recepción, la expedición y el almacenamiento o, incluso, el acondicionamiento. Muchas de las empresas que hacen logística del medicamento están calificadas en el MTSS dentro del grupo de Transportes o Alimentos, por lo que los trabajadores cobran un salario muy inferior al de la industria farmacéutica (cabe recordar que es la empresa la que se autocalifica en el MTSS).

Una de las preocupaciones del sindicato es que la resolución de 2005 actualmente no tiene validez legal, ya que el Consejo Superior Tripartito, creado en 2009, es el único órgano con potestad para definir los grupos, y este nunca ratificó la resolución, pero tampoco creó una nueva. García explicó que “frente al reclamo del SIMA, comenzó un ida y vuelta que terminó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que resolvió que al no haber una definición vigente, válida y vinculante para la industria farmacéutica de uso humano, las empresas que se habían clasificado en otros grupos lo habían hecho con argumentos válidos”.

Actualmente, el SIMA y Comuna están en camino de generar las condiciones para que en el Consejo Superior Tripartito el Estado esté a favor de avalar la definición creada en 2005. Para ello se trabajan dos líneas argumentales: una vinculada a lo laboral, relacionada con que trabajadores que hacen la misma tarea ganan salarios muy distintos; y otra vinculada a lo sanitario, planteando que el medicamento debe tener una reglamentación y un cuidado especiales.

Ubicarse fuera del grupo de medicamentos podría tener consecuencias sanitarias preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que como argumento para “descolgarse”, algunas empresas aducen no hacer sólo la logística del medicamento sino de otras cosas, como alimentos, ropa, etcétera, y “esto viola una regla sanitaria concreta”, explicó Sanguinetti.

La definición de la cadena productiva del medicamento no debería dejar afuera las tareas de recepción, expedición y almacenamiento, y ese es uno de los temores del sindicato. Para Etchemendy, sería preocupante que se plantee que hay industria sólo cuando se da la transformación de materia prima, porque en ese caso quedarían afuera de la definición –y no estarían obligados a pagar los laudos– no sólo las empresas de logística sino los grandes laboratorios multinacionales agrupados en la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, ya que estos se limitan a traer el medicamento ya fabricado.

Unidas y separadas

El Estado uruguayo es uno de los grandes compradores de medicamentos mediante la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA), que abastece la demanda de medicamentos y alimentos de todos los organismos estatales por medio de llamados a licitaciones. “La UCA hace un estimativo de la demanda y con eso licita una cantidad. Se hacen varias licitaciones por año, y la novedad es que antes el que ganaba la licitación proveía de medicamentos por un año y ahora lo hace por dos”, explicó García.

Uno de los temas que preocupan al sector es la presencia de las importadoras de escritorio, también llamadas “empresas golondrinas”. Estas empresas compiten en las licitaciones del Estado con medicamentos genéricos más baratos que los nacionales, no tienen planta en el país y no están obligadas a realizar los controles de calidad en Uruguay, por lo que los tercerizan a empresas o agencias de la región. Gatto contó: “Hay un laboratorio chileno que trae una droga genérica más barata pero emplea a tres trabajadores, y compite contra otro laboratorio que emplea a más de 100. Se presentan a las licitaciones del Estado y si la ganan traen el medicamento y si no, no lo traen; no pierden nada”.

García contó que esta es otra de las líneas de trabajo que Comuna tiene con el sindicato: “El análisis de cómo se reparte la producción y, sobre todo, cuál es el rol del Estado, qué compra, en qué cantidad, a qué precios y a quiénes”. La inquietud es que el Estado –que es uno de los grandes compradores junto a las mutualistas– comience a comprar a las importadoras de escritorio, por lo que Comuna intentará estimar la magnitud del fenómeno, “saber si realmente estas importadoras están excluyendo a empresas o si es una cosa marginal”.

Otro tema en el que hace foco el sindicato es la conformación de grandes grupos de poder económico. Hace aproximadamente dos años se creó, en el área de la logística, una empresa formada por tres laboratorios pertenecientes a la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y una mutualista privada. Etchemendy contó que se trata de tres laboratorios que habían tercerizado la logística durante muchos años, por lo que no es tan raro que se hayan unido para ello, pero sí les llama la atención la inclusión de una mutualista que es, además, una de las grandes compradoras de medicamentos. La nueva empresa está clasificada en el MTSS en el grupo de Alimentos.

Las tercerizaciones son parte de la especialización y de la división del trabajo, y resultan lógicas si se las piensa desde “lo óptimo social”, opinó Sanguinetti, “porque almacenar medicamentos requiere condiciones específicas, requiere una tecnología que capaz que un laboratorio no tiene; el problema es cuando en ese avance, que pretende solucionar problemas de costo, se precariza el trabajo y se desconoce o perjudica lo sanitario”.

García opinó que resulta preocupante “la fragmentación del sujeto concreto, que es el poder sindical, porque vos terminás fraccionando y fraccionando y lo que vas haciendo es perdiendo unidad”. Desde el sindicato, Etchemendy reflexionó en el mismo sentido: “Para nosotros es preocupante que las empresas de logística se desenganchen porque no queremos que esos compañeros se vayan, pero también vemos que pueden empezar a desengancharse otras cosas – porque van a empezar a decir que les sale más barato tercerizar todo–, y si todos empiezan a desengancharse, llegará un momento en que la industria del medicamento, que las empresas tanto se encargan de defender, dejará de existir”.

Difícil pero no imposible | Fue a raíz del cierre del Laboratorio Galia, en diciembre de 2014, que los trabajadores comenzaron el largo proceso para transformarse en cooperativa (Galiacoop). El camino continúa pero ha estado lleno de dificultades, algunas relativas a la planta –que se deterioró por falta de mantenimiento–, y otras a los propios trabajadores –actualmente quedan alrededor de 20 personas de las 150 que trabajaban en Galia–. A pesar de esto, se sigue trabajando para sacar adelante la cooperativa. Algunos trabajadores que no tenían experiencia en planta se están capacitando en el Polo Tecnológico de Pando y han recibido cursos de emprendedurismo para fortalecer lo que significa ser una cooperativa, porque, según Etchemendy, “una de las cosas más difíciles es esa, asumir la nueva responsabilidad y terminar con ese rol de ser dependiente de alguien; es un trabajo muy largo, mucha gente queda en el camino”.

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