Hace unos días se suicidó un adolescente en el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIE- DD) de Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Franco es el cuarto adolescente que se mata en lo que va de la gestión. Había ingresado al sistema hacía 15 días.

El CIEDD es la cárcel en la que los adolescentes son privados de libertad como medida cautelar mientras esperan la sentencia del juez. Este período, como consecuencia de los recientes cambios al código penal juvenil, puede llegar a extenderse hasta 150 días.

Es un espacio que no está apto bajo ningún concepto para albergar adolescentes. Como dijo la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, al diario El País: “Es algo que rompe los ojos, no hay que ser un experto para ver las condiciones del centro de Bulevar. Tiene mucha turbulencia que siempre está producida por las condiciones de la privación de libertad. Yo creo que una perrera tiene más espacio y mejores condiciones que ese centro. No se cubren aspectos de dignidad y salud, es un celdario que no tiene ventanas. Pasar un día en esas condiciones no se lo deseamos a nadie”.

Es evidente que ese centro, además de no estar apto, es perjudicial en todo sentido. Porque es imposible aplicar acciones socioeducativas que promuevan cambios de comportamiento, ya que el encierro desmedido genera daños y porque estamos, para variar, violando los derechos humanos. Las personas que trabajan en este centro –y en otros similares– están expuestas a la violencia y a condiciones laborales insuficientes. La falta de capacitación, infraestructura e inversión obliga a sortear la situación con las básicas, con más buena voluntad que herramientas. No se prevén recursos ni políticas que apunten al fortalecimiento institucional para paliar esta situación. Tampoco están previstos mecanismos para amortiguar o reducir los daños. Esto excede a esta gestión; es un lastre histórico para los gobiernos que no pueden –y parece que no quieren– hacer frente a esta realidad.

No se lo deseamos a nadie, pero todos los años, cientos de adolescentes pasan largos períodos en este centro. Luego, una vez que el juez se expide, los adolescentes pasan a cumplir su “medida socioeducativa”, es decir, su condena de privación de libertad, que será probablemente de entre uno y cinco años, en otros centros de INISA de similares características.

Los adolescentes están presos en cárceles típicas con escasas o nulas oportunidades de alejarse de la violencia. Si lo que queremos es profundizar el daño y la exclusión de los jóvenes marginales, podemos decir que lo estamos logrando. Pero sepamos que si lo que queremos es tener un sistema penal que promueva políticas que intenten modificar conductas delictivas para que mejore la seguridad del país, tenemos que plantearnos la reforma del sistema. Y para eso tenemos superar algunos impulsos reaccionarios que hacen que tengamos las cárceles que tenemos.

Para hacer frente a la criminalidad tenemos que superar la idea de aplicar hostilidad a aquellos que cometen delitos. Porque esto sólo reproduce la violencia y no es más que un placebo para saciar nuestra sed de venganza, para reproducir la miseria y para perpetuar el delito. Tenemos que erradicar la idea de que las personas que cometen delitos, además de ser privadas de libertad, tienen que responder al escarnio popular. Porque eso no es justicia; es una expresión visceral de la furia que nos provoca la desviación de los marginales. La misma ferocidad de los integrados se refleja cuando se celebran estas muertes. Lo que brota cuando festejan que un pibe de 17 años se haya matado encerrado en una celda es odio de clase.

Los mismos de siempre

Los discursos señalan a los adolescentes pobres como enemigos públicos. Esta categorización no debería sorprendernos, pues Uruguay es un país extraordinariamente hostil con sus jóvenes. Somos el país con mayor cantidad de jóvenes presos per cápita, con más suicidios adolescentes del continente, con una tasa de desempleo juvenil que duplica la tasa nacional y con mayores posibilidades de ser pobre siendo joven. La asociación entre juventud y delito es sostenida. Recae en forma de injusticia y estigma sobre una juventud no integrada. Nunca son Juan Pedro ni Gerónimo, siempre son Maicol, Brian o Kevin. Los nadies, los que no importan, los que, más allá de lo que proyecten, no tienen chances.

Los jóvenes que están presos hoy son los hijos y los nietos de la pobreza. La última crisis económica que atravesó Uruguay, en 2002, fue contundente con las niñas, niños y adolescentes de esa época. Eran cientos de miles los que vivían bajo el índice de pobreza. Esos niños crecieron y hoy algunos de ellos son esos pibes que nos dan miedo y con los que no sabemos qué hacer. Habitan los márgenes desde siempre pero les pedimos que recurran al núcleo de la integración social y a las buenas prácticas para insertarse en una sociedad que los rechaza incluso desde antes de que caminen.

Le atribuimos al sistema penal la misión de incluir socialmente a los adolescentes que se caen de los márgenes, política que transparentamos en el último cambio de nomenclatura que tuvo el sistema: “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente”.

¿No pudimos?

Pasan los gobiernos y el sistema penal sigue siendo un mero reproductor de miseria y violencia. Estamos atravesando el tercer gobierno frenteamplista; más de una década de progresismo y el sistema penal adolescente no encuentra reforma. Al sistema político parece no importarle; a varios sectores de la sociedad parece no pesarle.

Distinto es el camino que transita el sistema penal adulto, en el que la voluntad política parece existir. En 2005, el presidente Tabaré Vázquez declaró en su discurso inicial el estado de crisis humanitaria del sistema carcelario. Cinco años más tarde, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Manfred Nowak, escribió un duro informe sobre la situación carcelaria uruguaya que desató la reforma del sistema penitenciario adulto, que apunta a la reducción del hacinamiento, la mejora en la calidad de vida de las personas privadas de libertad y la implementación de políticas de rehabilitación.

Quizás sea momento de que el sistema penal adolescente atraviese una reforma similar, que además de cambiarle el nombre proponga una transformación sustantiva. ¿Qué más tiene que pasar para que asumamos que el sistema penal adolescente vive en una permanente crisis endémica?

El INISA contiene, en general, un promedio de 500 adolescentes privados de libertad. Actualmente se registra una baja sustancial, con aproximadamente 350 adolescentes presos. Sin embargo, no se han observado cambios sustanciales, mejoras institucionales ni nuevas vinculaciones que permitan un abordaje específico de esta población. En el CIEDD en particular se registra un promedio de 90 adolescentes presos. Al momento de la muerte del adolescente, eran alrededor de 45 jóvenes los que estaban allí recluidos.

La reforma del sistema no es una cuestión económica: recordemos que este centro y los otros que se construyeron en la anterior gestión valieron millones. Millones que fueron invertidos de dudosa forma, en cárceles con modelos obsoletos y perjudiciales, con evidentes errores de planificación y construcción.

Tenemos que definir si queremos intensificar la violencia y la inseguridad, o si tenemos la voluntad y la capacidad política de pensar en algo nuevo. Es necesario construir una política que produzca una línea programática clara, tendiente a lo socioeducativo. Mejorar las condiciones de vida en el adentro, evitando el encierro desmedido y la medicalización compulsiva. Promover el ingreso de profesionales en el sistema, mejorar las condiciones laborales para las personas que trabajan en contextos de encierro. Apostar a programas de egreso interinstitucionales que propongan oportunidades sociolaborales que se puedan sostener en el afuera. También hay que animarse a pensar proyectos de vida para los adolescentes que no reproduzcan el estigma y la desigualdad, intentando paliar la exclusión con opciones seductoras de desarrollo. Es clave apuntar a la articulación con organizaciones territoriales que sostienen la cotidianidad de los que transitan los márgenes.

También es necesario dejar hacer uso y abuso de la privación de libertad. Las medidas no privativas son una herramienta mucho más efectiva que la cárcel. Para que se apliquen y funcionen se deben desarrollar programas innovadores y sostenibles, acordes al desafío que significa demostrar que esta opción es mejor que la cárcel.

Se hace evidente la necesidad de un cambio. Hace unos días se mató un adolescente. Que había cometido un delito es sabido, su acto estaba siendo juzgado, por eso estaba preso. No hacía falta que lo pagara con su vida. Que esta muerte no pase desapercibida: es otra prueba de que este sistema no da para más.