Daniel Espinosa. Foto: Andrés Cuenca

Secretaría Antilavado apunta a combatir el uso de sociedades uruguayas para facilitar el lavado de activos.

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El gobierno uruguayo recibió un saludo de su par argentino por su actuación en el caso del sindicalista y empresario Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay en el marco de una causa por lavado de activos en Argentina “Es bueno que se sepa que estamos cambiando una historia de no cooperación bastante negra que tuvimos con nuestros vecinos”, destaca el titular de la Secretaría Nacional Antilavado Daniel Espinosa. En el primer semestre de este año, la secretaría hará pública la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos en Uruguay y reglamentará la ley integral de combate al lavado de activos, aprobada el 20 de diciembre de 2017. A partir de ahora, las iglesias, los clubes deportivos y los partidos políticos serán objeto de control en materia de lavado y los estudios jurídicos no tendrán tan fácil el negocio de crear sociedades con directores incluidos, que muchas veces ofician como pantalla de actividades delictivas.

-¿Qué contenidos tendrá la reglamentación de la ley integral de combate al lavado de activos?

-Queremos adecuar la normativa de un sector en particular a los riesgos de ese sector. Se va a emitir un decreto específico para cada uno de los sectores: escribanos, zonas francas, casinos, rematadores… que son sectores de riesgo, que están obligados por la ley antilavado, pero que requieren una reglamentación particular porque son actividades completamente distintas. La idea es reglamentar esta ley y adaptarla a cada sector en este primer semestre del año. Tenemos reuniones permanentes con los sectores por medio de los comités de relacionamiento, donde estamos determinando los principales riesgos; la idea es que la reglamentación cubra eso. Se va a definir qué implica la debida diligencia —qué se le tiene que preguntar a cada cliente para tratar de determinar el origen del dinero— y lo que se llama la debida diligencia intensificada, en qué casos pregunto más. Por ejemplo, cuando hay un no residente o cuando hay una sociedad, cuando yo puedo no saber qué persona está atrás. El decreto va a dar pautas de riesgo para aplicar con mayor o menor intensidad la debida diligencia.

-La ley integral establece controles a los partidos políticos, a las organizaciones religiosas, a las ONG y a “otras agrupaciones”. ¿Se va a especificar a qué asociaciones civiles se va a controlar?

-Claro. La obligación es genérica, pero la idea nuestra es decir: no todas esas asociaciones tienen el mismo riesgo en materia de lavado de activos, claramente. Entonces, primero vamos a obtener información actualizada; para eso ya se habló con el Ministerio de Educación y Cultura: para actualizar el registro de agrupaciones. Tenemos más de 15.000 registradas, pero no está claro si están todas en actividad. Cuando tengamos un panorama, nos vamos a enfocar en las más riesgosas. Por ejemplo, en materia de lavado de activos puede ser el tema de los clubes deportivos. No nos deberíamos enfocar en un merendero que mueve un volumen de fondos mínimo. No vamos a gastar recursos en controlar a pequeñas asociaciones que no valen la pena.

-¿Cómo se va a implementar el control a los partidos políticos?

-Ahí tenemos que ser cuidadosos, porque hay una ley de financiamiento de los partidos políticos. Entonces va a haber que hacer un acuerdo, porque tenemos, por un lado, la Corte Electoral; por otro, el Tribunal de Cuentas, podría estar involucrada la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] y va a estar la secretaría antilavado. Entonces ahí me parece que es necesario un acuerdo para definir los controles y ver qué organismo se encarga de qué, y no duplicar. La idea es reunirnos con esos organismos y acordar medidas de control complementarias.

-Algunas organizaciones religiosas que funcionan en Uruguay, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, han sido denunciadas por delitos tributarios en Brasil. ¿Este tipo de asociaciones es considerado de riesgo?

-Internacionalmente las organizaciones religiosas están cuestionadas o se las considera de mayor riesgo por su posible vinculación con el financiamiento del terrorismo. De hecho, los estándares internacionales prevén que se monitoree la actividad de las organizaciones religiosas para ver si no tienen un posible vínculo con grupos terroristas. También pueden estar vinculadas al lavado de activos. Hace dos años, tuvo mucha notoriedad el caso de una iglesia [la Iglesia Universal del Reino de Dios] que hizo una gran inversión, que estaba perseguida en Brasil, pero por delitos tributarios y evasión. Para nosotros, eso no era un delito vinculado al lavado de activos hasta el 20 de diciembre. Ese es un cambio fundamental que vamos a tener a partir de ahora: en un caso así podríamos actuar y podría haber un caso de lavado en Uruguay vinculado a delitos tributarios cometidos en el extranjero. De hecho, son de las asociaciones de mayor riesgo, porque son las que mueven mayor volumen de fondos. La ley habilita investigar estos casos, pero para adelante, no en forma retroactiva.

-Uruguay ha avanzado en el combate al lavado de activos en materia normativa. Sin embargo, sociedades uruguayas siguen teniendo un protagonismo importante, por ejemplo, en causas como el Lava Jato y Odebrecht, entre otras. ¿Cómo puede evitarse que las sociedades que se crean en Uruguay se utilicen para este tipo de fines?

-Empecemos por situar de dónde viene Uruguay. Uruguay hace 20 años quería ser una plaza financiera y vender servicios societarios para esconder fondos ilícitos del exterior. Hasta hoy hay gente que defiende esa vía de negocios como una vía que podría servirle al país y que cree que no importa de dónde vengan los fondos, sino que den trabajo. 20 años no es nada en la vida de un país. De todas maneras, desde hace 20 años para acá se han tomado varias medidas. Por ejemplo, la eliminación de las SAFI [sociedades anónimas financieras de inversión]. Ese fue un mensaje muy claro que se dio en su momento. Después vino la obligación de identificar el beneficiario final de las sociedades uruguayas. Hay un registro que se creó en el Banco Central por el que las sociedades están obligadas: al 30 de julio de 2018 todas las sociedades uruguayas van a tener que decir la persona física que controla la sociedad. Ese es un paso decisivo para poder controlar el lavado de activos, porque si vos no conocés al beneficiario final no sabés el origen de los fondos. Es un paso tremendo. Otro que se ha dado es el de la ley nueva. Hay dos cosas importantes en esa ley. La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos, que era lo que justificaba el ingreso de la mayoría de los fondos, provinieran de delitos fiscales o no. Esa era una vía de ingreso importante y se está cortando de aquí para adelante. Y, además, la ley establece mucho más detalladamente las obligaciones de los prestadores de servicios societarios. Esto es importante, porque hasta ahora vos me venías a comprar una empresa y yo te decía: “Te vendo la empresa, que ya la tengo armada, son unos pocos dólares. ¿Querés directores? ¿Sí? Bueno, te pongo a vos, al fotógrafo”. Ellos figuran en los registros como directores y te firman un poder para que vos manejes la empresa. Entonces, yo hago un fronting: pongo la cara y te cobro 50 dólares por mes por esas personas que te pongo ahí. Esas personas firman el poder y no saben nada de lo que hace la empresa, y, por lo tanto, ni el director ni el estudio que los puso, si hubiera un problema, son sancionados. Entonces, con esta ley queremos justamente decir: “No, pará, si vos prestás este servicio, estás obligado a hacerle la debida diligencia a tu cliente y un seguimiento de las operaciones. Si hay algo inusual, tenés que reportarlo al Banco Central”. Eso hasta ahora no funcionaba.

-¿Eso puede desestimular el papel que hoy tienen las sociedades uruguayas en los casos de lavado?

-O por lo menos, si lo hacen, que se detecte. No todas las sociedades son para eso, pero en las que son para lavar tiene que haber un responsable local, porque si no… el Lava Jato, por ejemplo. Los que participaban localmente decían: “No, yo sólo firmé el poder, no participé en la maniobra”. Y queremos detectar esto previamente, porque en general detectamos estas situaciones después de que pasan y porque vienen del exterior. Esta ley apunta, justamente, a combatir el uso de las sociedades uruguayas como facilitadoras del lavado de activos de fondos ilícitos del exterior. En enero o febrero se van a publicar los resultados de la evaluación nacional de riesgos, que se realizó en 2015 y 2016. A partir de esa evaluación de riesgos se confeccionó una estrategia nacional, que se terminó de aprobar hace 15 días y que va a estar contenida en un decreto. Uno de los sectores considerados de más riesgo fue el societario. Por eso, además de estas medidas legislativas, la idea es reglamentar mucho más detalladamente para que quede clara la obligación, y en caso de no cumplirla, poder sancionarlos. Porque hasta ahora no fue nadie preso y nadie fue sancionado, ni siquiera administrativamente, por un incumplimiento en materia de prestación de servicios societarios. Sólo hay un par de casos de personas [sancionadas] que participaron activamente en las maniobras. Está considerado algo normal. Hay una persona que figura en 100 sociedades y no pasa nada, porque todo el mundo sabe que cobra unos pesitos por cada sociedad y no tiene responsabilidad. Eso no puede ser. Ahora, si yo reglamento y digo que vos tenés que hacer tal cosa y no lo hacés exprofeso, podés llegar a tener una consecuencia penal. Que quede claro que eso está mal, que no se puede hacer más.

-¿Por el caso Lava Jato y Odebrecht no hubo sanciones?

-Esas están en trámite, se están investigando. Ahí podría llegar a haber sanciones, pero no por el caso de que pongo un director pago, sino porque participé un poco más activamente en la maniobra. En algunos casos hubo participación activa.

-Hay estudios jurídicos que recurrentemente están involucrados en este tipo de casos, uno de ellos es Posadas, Posadas y Vecino. ¿Ha habido sanciones en esos casos?

-Lo que la secretaría está haciendo en el caso de esos estudios es hacer actuaciones para determinar si hicieron bien la debida diligencia, pero esos procesos no han terminado.

-¿Qué va a contener la estrategia de combate al lavado?

-Un resumen de la evaluación de riesgo que te comentaba, un resumen de las medidas adoptadas hasta la fecha; los objetivos de las medidas que se piensan tomar de aquí a marzo de 2020. Lo que queda pendiente ahora como nueva norma es un proyecto de ley de combate al financiamiento del terrorismo que actualiza la normativa en esa materia, que se presentó al mismo tiempo que el de lavado, pero todavía no fue aprobado. Esa es nuestra principal meta para el período e implica ponernos al día en los estándares internacionales.

-¿Han aumentado los reportes de operaciones sospechosas?

-Vienen aumentando. En 2016 hubo 480 reportes y, por lo que he hablado con el Banco Central, este año va a cerrar en cerca de 550. También es importante quiénes están reportando. A nosotros nos preocupa mucho que se refleje el crecimiento de reportes del sector no financiero, que es el que tenía peor cumplimiento, y eso está pasando, quizá no con la velocidad que querríamos, pero está pasando. En estos dos años hemos hecho casi 700 visitas de fiscalización a escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, casinos y rematadores. Tratando no sólo de sancionar, sino también de mostrar la presencia del Estado. También estamos capacitando en conjunto con las asociaciones. Creo que estamos logrando primero que la gente sea sensible, sepa la obligación y las consecuencias que puede tener si no la cumple. De las 700 visitas que hicimos, hubo unas 20 sanciones, que están en trámite.

-El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que Uruguay es una esponja, a raíz del caso de Balcedo. ¿Qué pensás de esas declaraciones y qué controles te parece que fallaron?

-Yo comparto con Lacalle Pou que el narcotráfico hay que combatirlo en la calle y con el lavado, porque si le sacás los bienes, le sacás poder. Esa parte del comentario la entiendo perfecto. Ahora, que somos una esponja es muy simplificador. Justamente, tenemos que aprovechar para ver qué pasó en este caso, qué controles pueden haber fallado. Acá hubo una inmobiliaria, un escribano, algún banco que interactuó con Balcedo y su señora, y tenemos que ver si hizo la debida diligencia, si reportó o no. Sabemos que Balcedo tenía cofres en tres instituciones bancarias y arrendadoras de cofres, una en Punta del Este y dos en Montevideo. También tenemos ingreso de armas o plata en efectivo; se va a analizar cómo entraron ese dinero y esas armas, si entraron en el avión particular. Tenemos que hacer un estudio serio, no simplificar. Pero yo quiero contextualizar: no nos hagamos los tontos. Uruguay hace 20 años quería ser un paraíso fiscal, y siempre tuvo normas permisivas para el ingreso y el egreso de dinero; entonces, no es raro que nos pasen estas cosas. Recibimos un saludo de Argentina agradeciéndonos por cómo se trabajó con el caso de Balcedo. Es bueno que se sepa que estamos cambiando una historia de no cooperación bastante negra que tuvimos con nuestros vecinos.

-¿Qué controles tienen los aviones privados?

-Asumo que debería ser el mismo control que cualquier otra persona que viene: no puedo entrar con armas y si vengo con más de 10.000 dólares los tengo que declarar. Acá aparentemente no hubo declaraciones, entonces estamos ante una falta de control que posibilitó el ingreso.

-¿La utilización de aviones privados es un mecanismo que puede facilitar estas maniobras?

-Podría ser, viendo el caso y que se habla de cientos de vuelos…

-Algunos partidos y sectores no votaron algunas normas de combate al lavado de activos. ¿Te parece que existe compromiso unánime del sistema político para combatir este tema?

-Creo que todos entienden que Uruguay tiene que ir hacia la transparencia, tanto en materia de intercambio de información tributaria como de lavado de activos. Lo que a veces se discute es la medida y la velocidad de esos cambios. Creo que hay algunos partidos que no están convencidos de hacer todo lo que hay que hacer, porque piensan que hay algún margen de maniobra como para hacerlo más lento. Pero, en el fondo, todos saben que este camino es inexorable.

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