Un necesario y urgente nuevo consenso

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En una nota anterior, planteaba que si queremos superar lo declarativo y transformar en una realidad la meta de invertir 1% del PIB en investigación y desarrollo (I+D), la reivindicación debía estar ineludiblemente asociada con objetivos y propuestas específicas, instaurando de ese modo un nuevo –y fuerte– consenso que permita relanzar la política de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). L...
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En una nota anterior, planteaba que si queremos superar lo declarativo y transformar en una realidad la meta de invertir 1% del PIB en investigación y desarrollo (I+D), la reivindicación debía estar ineludiblemente asociada con objetivos y propuestas específicas, instaurando de ese modo un nuevo –y fuerte– consenso que permita relanzar la política de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Lo anterior no es ni demasiado original ni un camino desconocido. Ya se transitó por algo así, unos 15 años atrás.

La implantación en 2005 de la primera política pública explícita de CTI estuvo precedida por un activo proceso de diagnóstico y elaboración programática, que contó con la participación de investigadores, empresarios innovadores, políticos, autoridades universitarias e invitados de la región. En 2003 se concretó el llamado programa CIENTIS, que, mediante seminarios y otras actividades, significó la más relevante instancia de intercambio y propuesta sobre política de CTI de la época, en la que se alcanzó un alto grado de consenso sobre las bases de la reforma a promover.

Estas bases implicaban asumir un eficaz liderazgo desde las máximas responsabilidades políticas; implementar importantes cambios institucionales (por ejemplo, la creación de un gabinete interministerial y de una agencia ejecutora); elaborar propuestas programático-estratégicas (el primer plan o PENCTI); instrumentar variadas medidas de promoción de la investigación, la innovación y la formación de nuevo capital humano avanzado; y sustentar todas esas acciones a partir de un sólido apoyo financiero público.

El análisis retrospectivo muestra que durante los primeros años de esta década larga de gobiernos progresistas los resultados de la reforma fueron auspiciosos. Hubo mejoras sustanciales en todos los indicadores utilizados. El número total de investigadores y el porcentaje de doctorados en ese universo crecieron continuamente; lo mismo sucedió con la producción científica nacional y la productividad científica por investigador. Las capacidades científicas se ampliaron con nuevas instituciones, y las ya existentes se fortalecieron. Los programas de posgrado y formaciones terciarias no universitarias aumentaron en número y en temáticas. Los índices multidimensionales utilizados posturas para evaluar la innovación y el papel de ella dentro de la competitividad empresarial muestran, asimismo, un incremento positivo. Los vínculos y el relacionamiento entre las empresas y universidades o centros tecnológicos se desarrollaron como no había ocurrido anteriormente, la inversión privada en I+D aumentó y el emprendedurismo comenzó a ser promovido en el país. Se crearon parques tecnológicos y se adecuaron instrumentos fiscales para la incorporación de I+D en las empresas. Es importante enumerar esos hitos, pues no es poca cosa lo avanzado a partir de aquel consenso propulsor original.

Sin embargo, tras ese fuerte empuje inicial, se constatan debilitamientos o estancamientos en algunos –no todos– de esos logros, y persistencia de falta de resultados en otros. Y era previsible que eso ocurriera. Ninguna política pública se puede desarrollar exitosamente sin balances, ajustes y redefiniciones periódicos. Sobre el estancamiento de la inversión pública en I+D y la disminución de la –siempre débil– inversión privada no es necesario extenderse pues las cifras son conocidas y en ese ámbito es evidente la necesidad de revertir la situación. Pero se ha señalado que la gobernanza institucional de CTI creada dejó de ser funcional hace tiempo en algunos de sus niveles, y que se ha perdido el liderazgo político-institucional y la capacidad de articular actores. Se señala también una pobre asunción institucional de los lineamientos del primer PENCTI, que tendría, además, debilidades en su marco referencial productivo, social y prospectivo. Por su parte, algunos estudios indican cierta ineficacia en la utilización de los instrumentos desplegados para promover la innovación empresarial por problemas de diseño. Personalmente, comparto todas esas valoraciones, pero en todo caso no ha existido un reconocimiento institucional explícito que permita procesar colectivamente las críticas y restricciones y plantear alternativas. Las reformulaciones institucionales vinculadas a la “trasformación productiva y la competitividad”, concretadas legalmente en 2017, aparentemente tratan de superar algunas de las restricciones señaladas, pero eso no ha sido explicitado. La dinámica de implantación de los cambios de gobernanza de la CTI y el diseño propuesto presenta imprecisiones y genera dudas sobre su efectividad, y por eso viene siendo cuestionada desde la comunidad científica nacional, como estas páginas lo documentan periódicamente.

Parece evidente la necesidad de construir un nuevo consenso que, partiendo del conjunto de concreciones de la reforma iniciada en 2005, relance la política de CTI en un contexto nacional e internacional que se ha modificado en forma importante y plantea nuevos desafíos. Lo anterior podría ser logrado por medio de un proceso que hiciera, como en el pasado, confluir actores, interrelacionar experiencias, aportar insumos para una evaluación consistente de los instrumentos ejecutados y acordar nuevos ejes con miras a reformular el PENCTI.

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