Aprender a educarnos

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La resolución del juez Gerardo Álvarez que dispuso el pasaje de una escolar de cuarto a quinto grado, contra la decisión previa de que recursara cuarto adoptada por su maestra, es un ejemplo del tipo de cuestiones que conviene considerar con detenimiento desde varios puntos de vista, sin atenernos a lo que de antemano nos parece natural y obvio. Es por lo menos muy discutible que el asunto s...
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La resolución del juez Gerardo Álvarez que dispuso el pasaje de una escolar de cuarto a quinto grado, contra la decisión previa de que recursara cuarto adoptada por su maestra, es un ejemplo del tipo de cuestiones que conviene considerar con detenimiento desde varios puntos de vista, sin atenernos a lo que de antemano nos parece natural y obvio.

Es por lo menos muy discutible que el asunto sea resuelto en un juzgado, pero el caso de esta niña nos muestra un problema de política educativa, que no por ser educativa deja de ser política, y que por lo tanto –al igual, por ejemplo, que la política económica o la política militar–, debe tener muy en cuenta las opiniones de los técnicos profesionales, pero que no debe depender sólo de ellas.

Sin entrar en el análisis de la situación particular de la niña (que ya ha quedado demasiado expuesta, y cuyo nombre ni siquiera fue tachado en algunos párrafos del fallo difundido en estos días), es nuestra responsabilidad como sociedad decidir si consideramos al sistema educativo sólo como un gran dispositivo de capacitación y selección, en escalones sucesivos, para el desempeño de determinadas actividades laborales, o si reconocemos la importancia y la necesidad de que se produzcan en ese sistema otros aprendizajes que no llevan nota. Nos toca a todos pensar si la inclusión en ese sistema educativo de quienes tienen determinadas dificultades es un favor que se les hace, o algo que favorece ciertos aprendizajes de todo el grupo en el que participan. Nos corresponde afrontar asuntos delicados: al reconocer la diversidad de trayectorias educativas y la necesidad de adecuar las formas de enseñanza, ¿cómo y en qué términos establecemos un común denominador que no consolide las desigualdades?

El fallo de Álvarez pone sobre la mesa algunas cuestiones pertinentes en relación con la política educativa, aunque no sea pertinente que el juez se atribuya la potestad de resolverlas, y dé la impresión de que no comprende bien el significado de algunos términos. En todo caso, y si bien hay que respetar tanto la independencia técnica de los magistrados como la autonomía técnica de los docentes, la definición de orientaciones en esta materia excede las competencias exclusivas de esos colectivos. Tampoco son palabra santa, por sí mismas, las opiniones de otros especialistas o, por ejemplo, las de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también podría pronunciarse.

La elección entre distintas propuestas y criterios para la política educativa está en manos del conjunto de la ciudadanía, y si a esta le faltan elementos de juicio, como sobre tantas cosas, es una tarea democrática de gran importancia brindárselos para que pueda elegir mejor. Hay quienes siempre prefieren que una autoridad central decida en forma inapelable, y eso es por supuesto una opción política, como lo es apostar al intercambio público de diversos saberes y enfoques. Se trata, en definitiva, de otra forma de inclusión: de incluir, de manera creciente y consciente, a toda la sociedad en el manejo de los asuntos que la involucran. Se trata de nuestro derecho a un aprendizaje que nunca termina.

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