Ramiro Alonso

La revolución de los cuidados

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En noviembre de 2015, la totalidad de los partidos políticos uruguayos entendieron que nuestro país debía reconocer a los cuidados como un derecho. La aprobación de la Ley de Cuidados significó la cristalización del esfuerzo sostenido de diversos actores del mundo social y académico que instalaron el tema en la agenda pública. Todos y todas quienes integramos esta asociación política hemos deci...
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En noviembre de 2015, la totalidad de los partidos políticos uruguayos entendieron que nuestro país debía reconocer a los cuidados como un derecho. La aprobación de la Ley de Cuidados significó la cristalización del esfuerzo sostenido de diversos actores del mundo social y académico que instalaron el tema en la agenda pública. Todos y todas quienes integramos esta asociación política hemos decidido poner los cuidados en primer plano.

El cuidado es considerado tanto un derecho como una función social e implica la promoción de la autonomía, la atención y la asistencia a las personas en situación de dependencia. Se trata de una protección que parte del principio de la corresponsabilidad entre familias, Estado, comunidad y mercado.

Estamos incluyendo en la matriz de bienestar el ejercicio de un nuevo derecho que será reclamado en los futuros decenios. Hablamos del derecho de las personas a tener la mayor autonomía posible desde etapas tempranas hasta el final de su vida. Y supone también autonomía para las personas que cuidan al liberar parte de su tiempo para desarrollar otras áreas y roles de su proyecto vital.

Los cuidados en la sociedad uruguaya

Históricamente, Uruguay estructuró la protección social de sus ciudadanos y ciudadanas sobre la base de un modelo –similar al de los países mediterráneos y a la sociedad industrial– con extendidas políticas de seguridad social vinculadas a los trabajadores formales (al varón “gana pan”), y en el resto de la familia, muy en particular en las mujeres, recaían las tareas relativas a la reproducción social, entre ellas las de cuidado. Ese modelo, que fue contemporáneo del modelo de sustitución de exportaciones en nuestro país, incluyó a la amplia mayoría de la población.

Ese régimen de bienestar partía de una cuestión básica, que era la diferenciación de roles basada en el género. El Estado uruguayo, que era un Estado progresista en materia de asegurar los derechos sociales, tomaba esa división de género y la volvía estructural, adscribiendo roles de cuidado a las mujeres.

Actualmente la sociedad uruguaya experimenta un creciente déficit en la capacidad de brindar cuidados, y ello está asociado a profundos cambios demográficos, en el mercado de trabajo y a nivel sociocultural.

Entre las transformaciones vinculadas al mercado de trabajo hay que destacar el crecimiento de la tasa de actividad femenina, que es esperable que se mantenga si se crean las condiciones adecuadas. Paralelamente, como muestran numerosos estudios, son las mujeres las que en mayor medida se hacen cargo de las actividades no remuneradas de los hogares, y ello, sumado al mayor involucramiento en el mercado laboral, lleva a que un importante número de mujeres tenga doble y triple jornada laboral.

Estos cambios laborales se deben a saludables procesos emancipatorios por parte de las mujeres y producen repercusiones en la vida social y en los arreglos familiares, es decir que generan una menor oferta “tradicional” de provisión de cuidados.

Además de estas modificaciones en situaciones laborales hay que agregar diversas mutaciones en la dinámica demográfica del país, fundamentalmente en lo que refiere al creciente envejecimiento de la población y al aumento del número de personas mayores, que lejos de ser un problema, constituye un indicador de desarrollo de nuestra sociedad. Según estudios prospectivos realizados por la Oficina de Planificación y Presupuesto, al año 2050 las personas mayores pasarán del 14% actual a alrededor de 25% de la población.(1)

Estas tendencias demográficas son acompañadas también por importantes cambios en la situación sanitaria de la población a partir de la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que contribuye a un aumento sostenido de la expectativa de vida e instala la necesidad de desarrollar medidas para una creciente demanda de cuidados de larga duración.

Resulta sustantivo considerar la distribución inequitativa de las tareas de cuidado y su potencial impacto en la sustentabilidad del modelo económico de largo plazo. La situación actual genera diferentes tipos de desigualdades: unas entre aquellas personas que tienen arreglos familiares o capacidad de compra para las tareas de cuidado y las que no disponen de estas posibilidades, pero también entre quienes llevan adelante esta función de cuidar –de manera no remunerada– y quienes no.

El rol del Estado

Dados los cambios sociales que está procesando nuestra sociedad, interesa señalar algunos aspectos del diseño y la implementación de la política de cuidados en tanto suponen un cambio del accionar del Estado uruguayo.

La actual administración decidió comenzar a instrumentar un cuarto pilar en el régimen de bienestar uruguayo, acompañar e incidir en la profunda transformación social y atender desafíos vinculados con la mejora de la calidad de vida de las personas. Pero el despliegue de la nueva política supone un desafío adicional, que es el de redefinir o ajustar las clásicas políticas sociales de la matriz de protección. En este sentido, es necesario pensar en cambios al menos en las políticas de educación, de salud, laborales y de seguridad social.

La introducción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) supone una ampliación de derechos y, por tanto, una redefinición de qué se entiende por bienestar de las personas.

El escenario de incremento sostenido de la expectativa de vida y de bajas tasas de natalidad nos impondrá el desafío de lograr que la mayor cantidad posible de gente en condiciones de trabajar pueda hacerlo. Y que lo haga con niveles de productividad que permitan mantener y elevar el crecimiento económico, distribuir la riqueza con justicia social y financiar un sistema de seguridad social que presionará cada vez más a la economía uruguaya. Continuar disminuyendo las brechas de las tasas de actividad por género que existen hoy y sostener el aumento de la tasa de actividad femenina podrían ser algunas de las claves para que los cambios demográficos impacten en menor medida sobre el sistema de seguridad social en el futuro.

La formación en cuidados está generando un aumento del número de personas con altos niveles de calificación para el desempeño de la tarea de cuidar, y por tanto las personas en situación de dependencia recibirán un cuidado de mayor calidad.

Actualmente se estima que hay unas 57.000 personas que se dedican a tareas remuneradas de cuidados. Poco más de la mitad se dedica al cuidado de niños y niñas, mientras que la otra mitad se divide en la atención de personas mayores o con discapacidad. Las tareas de cuidados las realizan mayoritariamente las mujeres (95,7%), cifra que alcanza 99% cuando la persona a cuidar es un niño o una niña.

Por lo anterior, es fundamental profundizar los debates en torno a medidas de regulación de la actividad laboral de las personas que cuidan. Es necesario considerar aspectos relativos a la negociación colectiva, categorías laborales, condiciones de trabajo y de remuneraciones, entre otras dimensiones que fomentarían la valorización de la tarea de cuidar y contribuirían a que esta se desarrolle con adecuados niveles de calidad.

Aumentar la cobertura de cuidado con calidad para la primera infancia es fundamental para el adecuado desarrollo infantil. Pero además, atender a la infancia desde la perspectiva del cuidado contribuye a romper las brechas de género.

A partir de la construcción de nuevos centros de educación y cuidados, la ampliación de otros y la generación de nuevas modalidades de atención infantil, las mujeres podrán liberar tiempo que hoy dedican al cuidado e incorporarse a la fuerza laboral.

El cuidado de calidad a la primera infancia contribuye a posteriores logros en el tránsito de los niños y las niñas por el sistema educativo. Si procesamos los ajustes necesarios en la política de educación y cuidados, si formamos con calidad, vamos a construir una ciudadanía crítica que pueda integrarse mejor a una sociedad de cambios acelerados. En definitiva, adecuadas políticas de cuidado hacia la primera infancia repercuten en aumentos de la productividad.

Hasta aquí se pudo notar la necesidad de articular el SNIC con las políticas laborales, de seguridad social y de educación, pero también existen importantes desafíos en la articulación con las políticas de salud. Si bien estamos convencidos de que la prioridad debe ser la primera infancia, también la inversión en políticas de cuidado a las personas en situación de dependencia puede generar externalidades positivas en términos de eficiencia de los sistemas de salud.

Está demostrado que la inversión en estas políticas repercute en importantes ahorros en hospitalizaciones y gastos sanitarios. Es por ello que se están generando nuevos servicios (centros de día) y regulando otros (centros de larga estadía) para que las personas de mayor edad o que tienen alguna discapacidad puedan ser cuidadas de mejor manera. En un escenario demográfico de creciente presión sobre el SNIS y el SNIC, es fundamental lograr sinergias que permitan una adecuada utilización de los recursos públicos para que las políticas de salud y cuidados redunden en el bienestar de todas las personas.

2018 es el año de avanzar en los desafíos vinculados con el despliegue de los servicios y su cobertura, con la mejora de la calidad de toda la oferta, y con las acciones que contribuyan a la necesaria transformación cultural en la distribución de roles entre varones y mujeres.

Generalmente, en el afán de informar sobre el despliegue de los servicios, se pierde la dimensión de la apuesta que está haciendo el país en términos estratégicos, con una visión a 20 o 30 años. La revolución de los cuidados en la que nos hemos embarcado implica construir una sociedad en la que el derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones de calidad esté garantizado por el Estado, y en la que de la misma forma lo esté, por qué no, el derecho a no cuidar. Esto requiere de políticas que promuevan que el trabajo de cuidados sea socializado y redistribuido entre hombres y mujeres, y también entre familias, Estado, comunidad y mercado, propiciando condiciones para una mejor distribución del gasto público social y mejores resultados e impactos en el bienestar de la sociedad uruguaya.

(1) Ver documentos en: https://www.opp.gub.uy/docplanificacion.

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