Partidaria de Lula afuera del sindicato de trabajadores metalúrgicos, ayer, en San Pablo. Foto: Miguel Schincariol, AFP

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Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en julio a nueve años y medio de prisión por el juez de Curitiba Sérgio Moro, quien lo encontró culpable de corrupción y lavado de dinero. En su fallo judicial, Moro consideró probado que el ex presidente de Brasil recibió un apartamento de la empresa OAS como un soborno a cambio de favores políticos. Defensores de Lula y expertos han señalado que no hay ...
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Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en julio a nueve años y medio de prisión por el juez de Curitiba Sérgio Moro, quien lo encontró culpable de corrupción y lavado de dinero. En su fallo judicial, Moro consideró probado que el ex presidente de Brasil recibió un apartamento de la empresa OAS como un soborno a cambio de favores políticos. Defensores de Lula y expertos han señalado que no hay pruebas de que esos delitos hayan sido cometidos, sin embargo, en un proceso que avanzó mucho más rápido que lo habitual, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), de segunda instancia, ratificó la condena de Moro y aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.

La defensa de Lula tenía hasta la medianoche del martes para presentar un segundo recurso ante el TRF-4, pero nuevamente los hechos se aceleraron y, antes de que terminara el proceso en segunda instancia, Moro emitió, el jueves, una orden de prisión en contra del ex presidente. Allí le daba un plazo de 24 horas para que se entregara en Curitiba, caso contrario la Policía Federal iría a detenerlo. El plazo terminaba ayer a las 17.00.

Una vez conocida la orden de detención, el ex presidente se trasladó del Instituto Lula a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo. No parece ser una elección casual: bajo el liderazgo de Lula este sindicato llevó a cabo múltiples movilizaciones contra la dictadura militar que incluso llevaron a que Lula fuera detenido, también en un abril, pero de 1980. Ayer no faltaron las comparaciones entre ambos hechos por parte de dirigentes de izquierda y militantes sociales.

Desde ese entonces Lula no salió del Sindicato de los Metalúrgicos, alrededor del cual se reunieron decenas de miles de seguidores, cuya atención se centraba en dos puntos principales. Uno de ellos era una de las ventanas del segundo piso por la que Lula se asomaba cada tanto para saludar, mandar besos e incluso poner las manos formando un corazón para manifestar su afecto. El otro era el carro de som, un gran camión con la parte trasera descubierta y con altavoces sobre el que cientos de dirigentes de partidos y movimientos sociales dieron discursos. Por allí pasaron, en varias oportunidades a lo largo de todo el día, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann; el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y precandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad, Guilherme Boulos, y la candidata del Partido Comunista de Brasil, Manuela D’Ávila.

Durante toda la jornada se corrió el rumor de que Lula se iba a subir al carro para dirigirse a sus seguidores. Después de las 17.00, la hora en la que vencía el plazo dado por Moro, Lula intentó salir del edificio, pero, según dirigentes que estaban en el lugar, había tanta gente que era inviable pensar que podría llegar al carro. Más tarde también se dijo que los abogados habían recomendado a Lula que no se dirigiera a sus seguidores porque sus palabras podían ser utilizadas para perjudicarlo. De acuerdo a las normas brasileñas, Lula podría ser responsabilizado por eventuales actos de violencia si se considera que él o personas de su entorno cercano incitan a sus seguidores a que resistan su detención.

Antes de que venciera el plazo dado por Moro el debate era intenso y tenía dos posiciones muy definidas. Los abogados y la familia de Lula le pedían al ex presidente que se entregara ante la Policía Federal, argumentando que no querían que se arriesgara a empeorar su situación judicial. Los líderes de partidos políticos y movimientos sociales defendían la “resistencia pacífica”: que el ex presidente se quedara dentro del local y forzara a la Policía Federal a pasar entre los miles de seguidores que rodeaban el edificio para entrar a arrestarlo.

A lo largo de la jornada, a fin de evitar la prisión, los defensores de Lula presentaron un nuevo recurso de hábeas corpus ante el Supremo Tribunal de Justicia. Después de que fuera rechazado, fue presentado nuevamente ante el Supremo Tribunal Federal. Además, los abogados solicitaron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que inste al gobierno de Brasil a que evite la detención de Lula hasta que el ex presidente ya no pueda presentar más recursos, algo que podría implicar años.El comité informó que evaluará esta solicitud, pero no se sabe en qué fecha.

Las movilizaciones se extendieron por todo Brasil. El MTST informó que más de 50 rutas fueron cortadas en todo el país –en una de ellas una militante recibió un balazo en una pierna proveniente de un auto que no pudo atravesar el bloqueo–. El Frente Brasil Popular indicó que estaba organizando actos en más de 50 ciudades. Por su parte, el PT hizo convocatorias en sus sedes de todo el país para participar en unas u otras movilizaciones.

Mientras tanto, en Curitiba y otras ciudades de Brasil se reunían algunas decenas de personas que celebraban la inminente detención de Lula, muchas de ellas vestidas con los colores de la bandera de Brasil, que también protagonizó las movilizaciones a favor del impeachment de Rousseff. Después de las 17.00, en esos lugares se empezaron a escuchar cánticos en los que se llamaba a Lula “prófugo” y “cobarde”.

La asesoría de prensa de Moro explicó a partir de ese momento que Lula no era prófugo de la Justicia, sino que simplemente no había aprovechado la oportunidad que se le había dado para presentarse voluntariamente ante la Policía. Agregó que todavía estaba a tiempo de hacerlo y que, en caso contrario, sería detenido. En la misma línea se manifestó Hoffmann, quien se dirigió a los medios para hacer esa aclaración y señalar que Lula no estaba prófugo porque “todo el mundo” sabía dónde estaba, en parte por la cobertura de los propios medios. “Al presidente Lula se le dio la posibilidad de ir a Curitiba y decidió no aceptarla”, aclaró.

Lula intentaba anoche negociar un punto medio con la Policía Federal. Se comprometía a entregarse, pero en el local sindical y no en una sede policial. De acuerdo con las versiones que salían del Sindicato de los Metalúrgicos, había un compromiso de los movimientos sociales de no dificultar el ingreso policial al establecimiento.

La Policía Federal estaba en una situación difícil. La institución fue sorprendida por la orden de detención emitida por Moro, que no se esperaba hasta, al menos, la semana próxima. El cumplimiento del plazo a las 17.00 le dejaba muy poco margen para hacer una detención forzada, ya que a partir de las 18.00 no podía llevar adelante el procedimiento por las normas vigentes en Brasil. El hecho de que el edificio estuviera rodeado hacía casi inevitable que se produjeran momentos de tensión e incluso de violencia. Dos delegados de la Policía Federal estaban negociando con representantes de Lula una eventual entrega, siempre rechazando la posibilidad de entrar a la fuerza en el lugar. Después de algunas horas, trascendió por fuentes de ambas partes que las negociaciones habían sido suspendidas hasta hoy.

En la mañana de hoy está previsto que se realice en el Sindicato de los Metalúrgicos una misa en honor a Marisa Letícia, la esposa de Lula que falleció en febrero de 2017 y que hoy cumpliría 68 años. Lula quiere participar en esa instancia y no se descarta que, después, se entregue a la Policía Federal en el local sindical.

Dos más

Renunciaron a sus cargos el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles. Ambos se disponen a participar en las elecciones presidenciales de octubre por el Partido de la Social Democracia Brasileña y el Movimiento Democrático de Brasil. Cuentan con una intención de voto de 1% cada uno, muy por detrás del favorito, Lula, que tiene un respaldo de alrededor de 35%.
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