Celda del Penal de Libertad, febrero de 1985.

Seguridad y debate público

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No hay violencia en las fotos que Jorge Tiscornia tomó de su celda del Penal de Libertad en febrero de 1985, poco antes de ser liberado. ¿De dónde proviene su pasmosa serenidad? ¿Será que la foto no nos acucia con su actualidad? Lo que vemos no está pasando ahora, no tenemos que resolverlo cuanto antes. ¿Será que no son los presos lo que está a la vista, sino el rastro de su humanidad visibl...
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No hay violencia en las fotos que Jorge Tiscornia tomó de su celda del Penal de Libertad en febrero de 1985, poco antes de ser liberado. ¿De dónde proviene su pasmosa serenidad?

¿Será que la foto no nos acucia con su actualidad? Lo que vemos no está pasando ahora, no tenemos que resolverlo cuanto antes. ¿Será que no son los presos lo que está a la vista, sino el rastro de su humanidad visible en el arreglo de los objetos? La celda, tal como se la ve, es la habitación de alguien en quien podemos reconocernos: cualquiera de nosotros la hubiera ordenado más o menos igual. Ese espacio comprensible funciona, además, en el interior de un relato con el que estamos familiarizados. Conocemos la racionalidad de la violencia en que se funda ese encierro. No me refiero a la racionalidad de cada uno de los actos de sadismo que sufrieron los presos de la dictadura, sino al sentido de toda la situación: sabemos por qué fueron brutalmente castigados. La escena puede, todavía, dolernos, pero no desconcertarnos.

Cárcel de mujeres, 2014. Foto: Alessandro Maradei

En cambio, las fotos de los jóvenes presos que se hieren a sí mismos cortándose una y otra vez, ¿en qué racionalidad cabrían, en qué relato? La huella de los hechos está allí, en las cicatrices y en las inscripciones, pero qué hacer con ellas.

Sea lo que sea que los cortes signifiquen, sabemos al menos dos cosas. Que son signos: están hechos para ser exhibidos y decirnos algo. Que representan el abismo que nos separa de esos chiquilines: no podemos reconocernos en ellos como podíamos hacerlo en la arreglada celda de Tiscornia.

El interior de nuestras cárceles es, la mayor parte de las veces, un mundo aparte donde sobrevivir es duro y embrutece. La maquinaria es inútil respecto de su cometido, si este fuera transformar la vida de los reclusos en cualquier sentido reparador. El debate público sobre este asunto no avanza, atrapado en la complejidad del problema y en la explotación partidaria de la inseguridad, convertida en un centro principal de la competencia política. Mientras tanto, no podemos darle a la prisión más que el sentido de un encierro necesario y, al mismo tiempo, inútil y cruel, que nos perturba.

¿No somos nosotros quienes deseamos mantenerlos encerrados porque creemos que eso nos protegerá (qué otra cosa hacer), al mismo tiempo que nos desinteresamos tanto de las causas como de las condiciones del encierro? Incluso sin estar personalmente involucrados, ya que no somos los jueces ni los carceleros, ¿no somos nosotros quienes infligimos el castigo? Porque en última instancia, en un régimen democrático ¿de quién más sería la responsabilidad? El malestar que estas fotos producen está hecho de esa trama de temor, desconcierto, indignación, culpa y sinsentido que define nuestra relación con los infractores.

Ante la falta de palabras que entiendan, ¿por dónde empezar? ¿Deberíamos comenzar por leer en las heridas autoinfligidas? En el acto recurrente de dañarse a sí mismos, ¿hay una clave de la profundidad del dolor y el origen de la violencia? ¿Podría partir de allí un discurso comprensivo que se abra paso a través de la complejidad del problema?

Los jóvenes infractores no fueron nunca el principal problema de seguridad, aunque eso parecía en la discusión acerca de la baja de la edad de imputabilidad en 2014. En la atribución de responsabilidades el centro se desplazó ahora hacia las bandas de narcotraficantes y lo que se reproduce y se potencia en la cárceles.

Para las estrategias electorales el temor y la angustia de convivir con índices de criminalidad en ascenso son una materia fácil de usar. Pero esto no los hace menos verdaderos; están en nosotros, junto con el desconcierto ante hechos violentos que intentamos comprender remitiéndolos hacia un universo que es otro, distinto y aparte, como si se tratara de mundos desconectados, no estructurados entre sí: aquí nosotros, allá los ajustes de cuentas, aquí las normas de convivencia, allá la ausencia de códigos.

¿Podremos construir un discurso comprensivo y racional que dé cuenta de la criminalidad que nos aflige: de su génesis estructural y sus modos de reproducción, de su extensión verdadera, de lo que hay de nuevo, de sus dimensiones objetivas y subjetivas, ambas reales, de su impacto desigual en distintos sectores de la sociedad, de las mejores acciones posibles para cambiar la situación, en fin, de todo lo que la convierte en un asunto complejo que no estamos sabiendo cómo resolver?

¿Podremos conseguir que ese relato comprensivo y racional acerca de la criminalidad alcance una aceptación amplia, una legitimidad que atraviese clases y compartimentos partidarios, que gane la opinión pública y barra con las barbaridades que se escriben en los foros? Un nuevo relato compartido, mejor informado, sobrio y sereno, que sea fundamento de acciones nuevas de plazo inmediato y de plazo largo, sostenidas en el tiempo.

No hay ingenuidad sino una esperanza racional en esta apelación a un nosotros supraclasista y suprapartidario capaz de sustraer, en vísperas del año electoral, el asunto de la seguridad a un tipo de disputa política en la que los participantes están más interesados en obtener un rédito sectorial que en comprender y resolver el problema. Si ese discurso nuevo no puede articularse, consensuarse, convertirse en base de nuevas acciones y ser tratado con sobriedad en lugar de instrumentalizado sin pudor, entonces qué.

Manifestación tras la muerte de Mateo Urtiaga en el Prado, el 18 de junio. Foto: Ricardo Antúnez

Es justo reclamar seguridad. ¿Pero de qué sirve si las palabras que expresan esa demanda son la pura angustia desesperada capturada por el odio? En la reciente manifestación convocada en el Prado, tras el asesinato del joven Mateo Urtiaga, la palabra la tomaban espontáneamente quienes se atrevían a hablar en voz alta. Expresaban, la mayor parte de las veces, una indignación no filtrada por un marco conceptual que entendiera el problema y las acciones posibles, ese discurso ausente.1 Sólo una voz tomó la palabra con un tono distinto, la de una mujer de unos 60 años que dijo más o menos esto: “Todos los hijos importan. Todos”, repitió. “Podemos tener mejor educación, podemos mejorar las cárceles. Nosotros podemos resolver este problema”. La cita textual no alcanza para transmitir el talante sereno, confiado y esperanzador de sus palabras, que no fueron, es cierto, las más aplaudidas. Ahora veo, en la foto, que la mujer llevaba una bandera nacional, y recuerdo que dijo también: “Vivimos en Uruguay, podemos resolverlo”. ¿Qué quiso decir? ¿Expresaba la memoria o la esperanza de una sociedad integrada?

En el nosotros que la mujer empleó había una apelación comunitaria, inclusiva respecto del dolor y la responsabilidad, que colocaba el problema en un lugar que hoy no está. Hoy está atrapado en un tipo de disputa degradada que impide que la situación cambie. Necesitamos una conversación nueva sobre este asunto, con hablantes dispuestos a reconocer la complejidad y orientados a construir un acuerdo que sostenga acciones racionales, coordinadas y duraderas. Una conversación política, pero de otra clase.

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