Fue nomás llegar a la presidencia y mandó parar la corrupción: de Petróleos Mexicanos (Pemex) se estaban robando al menos diez millones de dólares diarios en perforaciones clandestinas en las tuberías. Eso equivale, según las estimaciones del gobierno, al presupuesto diario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en 88 días de robo sacaban la cantidad de nafta que consume Uruguay en un año. La gasolina robada es 7,26% de la que consume México, de acuerdo con cifras tentativas.

Según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencias de prensa a fines de diciembre, el robo por perforaciones en las tuberías –o huachicoleo, como le llaman en México– sería una pantalla y equivaldría sólo a 17% o 20% del total robado: 80% saldría directamente de las refinerías por medio de embarques con un sistema de doble y “múltiple facturación” (más de un viaje de transporte con una orden de carga autorizando sólo uno), a razón de 600 “pipas” o camiones cisterna de 15.000 litros por día. De acuerdo con las gráficas que mostró el mandatario, hubo días en que se robaron más de 1.000 pipas y en uno en particular, que indicó, más de 1.400.

López Obrador asumió la presidencia el 1º de diciembre y el 20 del mismo mes ya no quiso diferir medidas: dispuso la detención de tres jerarcas a cargo de la central de monitoreo y una semana después hizo público el asunto. Es claro que la red de corrupción es muy vasta: es necesario tanto como otra empresa Pemex clandestina y crimen organizado para reintroducir el combustible en el sistema legal de franquicias de comercialización o las distintas variantes de sistemas ilegales, como venta a depósitos de obras y empresas con transporte, su contrabando a Estados Unidos y lavado de dinero a ambos lados de la frontera. “Estamos hablando de un Pemex dual, de otras empresas cebadas en Pemex”, describió el presidente.

Que el problema no terminó con el úcase presidencial lo demuestran las propias cifras del gobierno: el robo se redujo por ahora 45%, de 78.000 barriles a 43.000. No es que antes no se supiera del robo de combustible de los 17.000 kilómetros de tuberías de Pemex: su relación con el crimen organizado fue motivo de un libro ya en 2011, El cartel negro, escrito por la sólida periodista de investigación Ana Lilia Pérez, cuya seriedad y profesionalismo fueron reivindicados por López Obrador en su conferencia de prensa del 28 de diciembre. De lo que no se sabía, ni siquiera aproximadamente, era de las abultadas cifras (simplemente, no había cuantificación del robo), de las que dio cuenta el presidente. No se sabía que esa es la quinta parte del negocio ilegal, que el negocio anida en la propia empresa y se realiza con la muy activa participación del sindicato de los petroleros, y que la jerarquía se apropia de 70% del producido y la mano de obra de lo restante.

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Y faltaba demostrar que López Obrador, que hizo su campaña electoral para lograr un triunfo aplastante en los comicios con la solitaria bandera de terminar con la corrupción como acto central de su gestión, pasaría de inmediato a cumplir con su compromiso y con ello a financiar mucho de sus planes de gobierno. El éxito de este golpe es por ahora un sólido incremento de su capital político y le permitió afirmar en su mensaje de fin de año: “Sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a poder financiar el presupuesto”. El gasolinazo fue un aumento brusco en los precios de los combustibles hecho en enero de 2017 por Enrique Peña Nieto para avalar su plan de privatización de la actividad petrolera, que provocó disturbios generalizados, cuya represión causó cinco muertes.

El planteo de López Obrador respecto de la corrupción, en la conferencia de prensa del 28, fue radical: “Empezando por arriba. Es que, si no, sigue la simulación. Se callan cuando se trata de los machuchones [y su mano indicó hacia lo alto]. ¿Vamos a seguir así? ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país –y esto debe quedar claro– un negocio ilícito jugoso siempre lleva el visto bueno del presidente”.

“Ya basta de hipocresía”, agregó el mandatario. “Para qué echarle la culpa a nada más que al de Obras Públicas. Cómo un presidente no se va a dar cuenta de lo que hacen sus jerarcas. En todo el período neoliberal (el de los últimos seis presidentes en 36 años) se ha combatido la corrupción con chivos expiatorios. En nuestro país, y desde arriba, la corrupción era parte del sistema. El gobierno funcionaba a partir de la corrupción. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Era su función principal, facilitar el saqueo”, sentenció.

López Obrador fue renuente a anunciar más encarcelamientos que los de los tres jerarcas del módulo de monitoreo de Pemex, punto imprescindible para controlar la presión de los ductos y su descenso ante la salida de combustible por bocas ilegales. Eso y una llamada telefónica de su secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al presidente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, fue todo. La conversación fue breve: “No va más”, parece que le dijo. Para la operativa del ilícito, el sindicato restringía el ingreso de funcionarios a parte de la empresa. No hace falta otra cosa que consultar los datos de Romero Deschamps en Wikipedia –que él mismo podría censurar– para tomar conciencia del elevado grado de corrupción y lujos faraónicos del señor, que regaló a su hijo un tercer auto Ferrari, que vale dos millones de dólares y sólo se vende a quien ya tenga al menos dos Ferrari. Entre otros dispendios.

La intención política del nuevo presidente mexicano es no cuestionar la corrupción pasada, sino la que tenga lugar a partir de su mandato. De todas maneras, la posibilidad de someter a juicio a los ex presidentes “del período neoliberal” –nombró a cinco, no a seis, a partir de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)– será plebiscitada este año, si logra modificar un artículo de la Constitución, el 35. “No me duelen prendas. Yo denuncié a cada uno de ellos en tiempo y forma. Claro que las denuncias fueron a la congeladora. Pero si la gente vota de procesarlos, pues es cosa de que la Justicia rescate esas denuncias y actúe. Yo ya hice mi parte. No me duelen prendas”, afirmó.

Los cárteles

La periodista Pérez dice en su libro Pemex RIP, publicado el año pasado, que “el negocio de petróleo está dando más que la droga” (página 350), y, pruebas al canto, para 2010 el cártel Los Zetas ya estaba fuertemente involucrado en el negocio; luego se sumaron, según territorios y triunfadores en las sangrientas disputas de influencia, los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Golfo, Familia Michoacana, Caballeros Templarios “y muchos otros”, en la ingente tarea de vender lo robado. Lo hacían reintroduciéndolo en el sistema de comercialización de Pemex o vendiéndolo por medio de estructuras paralelas y a depósitos de empresas que se beneficiaban vendiendo los productos a precios 50% inferiores a los de la gasolinera. Los camiones tanque, o pipas, también transportaban droga, dentro de México o a Estados Unidos, y de regreso traían armas.

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Pemex logró autoabastecer de combustible al país en la década de 1980; hoy México importa 68% de su consumo, brindando comisiones a los intermediarios. Las seis refinerías existentes apenas producen el resto, y el total de lo que se le roba por medio de una cantidad imprecisa de bocas clandestinas: más de 20.000, según un mapa detallado –sólo siete de los 32 estados mexicanos están libres de bocas clandestinas, o huachicoles– publicado por Excelsior, u 11.200, según Pemex.

En 2007 se consideró que se había llegado a un récord de tomas clandestinas, 323; casi una por día. En 2011 fueron 800 tomas y en 2015, 6.260. La actividad ilícita adquirió proporciones industriales bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), quien supo enfrentarse a López Obrador para impedirle presentarse a elecciones, cuyo resultado fue muy resistido por el actual presidente. Lo que facilitó enormemente la multiplicación posterior del robo fue la medida de hacer un Atlas de Instalaciones Estratégicas, con planos detallados de tuberías y presiones. Fue durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y la información se filtró rápida y previsiblemente a los involucrados en la organización de los ilícitos.

Además del huachicoleo y el múltiple uso de facturas de carga, hay una tercera vía de robo, que Pérez describe: un centenar de barcos medianos y de pesca hacen el trayecto por aguas del Golfo entre Ciudad del Carmen y Ciudad Madero (un trayecto de 60 a 63 horas para 741 kilómetros), donde conecta con la refinería de Tamaulipas para cargar. Son –tal vez ya sólo eran– viajes del sindicato controlados por este, que avisaba a los navegantes si había patrullas de la Armada y entonces los barcos se guarecían en la isla de Lobos a la espera de que pasaran. En cada viaje se cargaban entre 600.000 y 800.000 litros. Por otra parte, la información de Pérez indica que el cártel de Los Zetas contrabandea gas a Estados Unidos, que se utiliza para elaborar una gasolina muy depurada.

Planes, planes

La mayor empresa del país tiene hoy un déficit financiero de 105.000 millones de dólares, y Pérez afirma que “el drama es que no hay [en México] otra industria con capacidad financiera para sustituir a Pemex”. La propuesta de López Obrador es salvar a la empresa y a la industria del petróleo mexicano “más o menos como se hizo en 1938”, cuando el presidente Lázaro Cárdenas la creó y así les sacó el negocio a los privados. Ahora López Obrador anunció un equipo para lidiar con la corrupción dentro de Pemex, formado por 15 dependencias federales –Armada, Ejército, Policía Federal y el resto vinculadas a la actividad petrolera– y encabezado por una troica con el nuevo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el secretario de Defensa Feneral, Cresencio Sandoval, y el encargado de despacho de la Procuradoría General de la República –la designación del titular depende de la venia del Senado–, Alejandro Gertz Manero. Si algo no funciona, tendrá cabezas para cortar. En cuanto al sindicato, el presidente le retiró sus facultades de control de la actividad.

A futuro, el presupuesto de Pemex se incrementará en 18% para las actividades de refinería y exploración, con la apertura de al menos 117 pozos nuevos, la intervención de las seis refinerías existentes –“el margen de ganancia de la refinación es muy pequeño y, mal administrada la actividad, se evapora”, señaló López Obrador– y la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, en el estado de Tabasco. También, la participación permanente en la actividad de 4.000 efectivos militarizados a los que se les dará instrucción específica sobre la actividad petrolera.

Según Pérez, “el potencial petrolero mexicano es tan grande que no hay empresa extranjera que no quiera venir a hacer negocios”. Bajo Peña Nieto, se asignaron concesiones a 70 petroleras privadas, y las hay noruegas, italianas “con el perfil de Odebrecht” y chinas, pero también pequeñas empresas de ex directivos de Pemex, “de sus compadres”, y de ejecutivos actualmente en funciones en la petrolera. “No hay área de actividad con mayores conflictos de intereses que la industria petrolera. Es una maraña de intereses espurios”, afirma Pérez.

En cuanto a las concesiones de exploración hechas bajo Peña Nieto, López Obrador anunció que se les dará tres años para que produzcan su primer barril de petróleo. Evidentemente, el presidente quiere administrar la intensidad y el número de conflictos, sin exponerse a las demandas judiciales por incumplimiento de contrato que se producirían si se cancelaran las concesiones.

Aun así, López Obrador tiene por delante la batalla de su vida.