Las políticas laborales deben analizarse en el contexto de la política económica, ya que habitualmente sus objetivos tienden a implementar o reforzar los objetivos de esta. Así, en todo caso, fue en la década del 90, por lo cual reseñaremos brevemente los objetivos de la política económica para luego centrarnos en la laboral.

La política económica

El equipo económico del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera definió tres objetivos centrales: la apertura de la economía a la región y al mundo, la reducción de la inflación y la privatización de varias áreas del Estado.

La apertura de la economía ya se había empezado a producir desde por lo menos dos décadas antes, tal como indica la sistemática reducción de los aranceles y la eliminación de subsidios; ahora se intensificaría. Los fundamentos de esta política están en la visión de que la protección existente desde las décadas pasadas producía empresas ineficientes, muchas dependientes del mercado interno. Se pensaba que sin una competencia abierta con la economía mundial no se modernizarían. La apertura al Mercosur, recién firmado, y al resto del mundo, respondía a ese objetivo. Si en el proceso cerraban empresas no era un problema, sino algo sano, en tanto su producción sería asumida por empresas más eficientes.

La lucha contra la inflación se explicaba en los elevados niveles históricos del alza de precios, que había alcanzado 89% en 1989. Las principales herramientas de esta política, de acuerdo al enfoque monetarista que se sostenía, serían un importante ajuste fiscal (en 1989 el déficit fue de 6,2% del Producto Interno Bruto, PIB), una política monetaria contractiva y la reducción del tipo de cambio (valor del dólar). El nivel salarial no era considerado causa de la inflación, pero sí un factor expansivo de esta.

La reducción del Estado provenía de un factor ideológico, por el cual el Estado debía ocuparse sólo de actividades específicas como seguridad, justicia y, parcialmente, salud y educación. Y nunca hacer actividades productivas que podía desarrollar el sector privado. Por otro lado, se consideraba que esto podría contribuir a equilibrar las cuentas públicas. La aprobación de la ley privatizadora de las empresas públicas por el Parlamento de la “Coincidencia” –partidos Nacional y Colorado–, que tenía mayoría en ambas cámaras, fue la primera medida de este objetivo. El referéndum de 1993 anuló esta ley con 72% de los votos.

Políticas laborales

El gobierno consideraba que la negociación centralizada (a nivel de sector) de los Consejos de Salarios significaba una rigidez para las empresas, que debían enfrentar una competencia más acentuada. Consideraba que los salarios debían ajustarse a la productividad y debían definirse a nivel de las empresas, a partir de las particularidades de estas. Esto implicaba que el Estado debía abstenerse de intervenir en temas como la citación de los Consejos, la fijación de pautas de negociación, la homologación de los convenios (extendiendo su vigencia a todas las empresas del sector, etcétera) e incluso de la participación en los Consejos. Se defendía la negociación bipartita, sin intervención del Estado.

Sin embargo, el gobierno nacionalista que asumió en 1990 implementó tres políticas laborales antes de imponer plenamente el liberalismo que sostuvo desde el inicio. Analicemos sucintamente estas políticas.

Primera: pacto social contra la inflación (junio-setiembre de 1990)

En junio de 1990 el gobierno convocó al PIT-CNT y a las cámaras empresariales para un “pacto social” tendiente a reducir la inflación, que como se vio era muy elevada (89%). Propuso no convocar los Consejos de Salarios y que el aumento salarial, que debía hacerse en junio, fuera el monto de inflación esperado para los siguientes cuatro meses, que era de 15%. La inflación de los pasados cuatro meses había sido de 31,6%. Era difícil aceptar una reducción tan grande. El PIT-CNT propuso que si la inflación real era mayor que la estimación, al final se hiciera un correctivo por la diferencia. Esto no fue aceptado, por lo cual se retiró de las negociaciones. Los empresarios participantes aceptaron la propuesta del Poder Ejecutivo. Ante esta situación, el gobierno concretó su propuesta: no se convocaron los Consejos y un decreto determinó aumentos de 15% para toda la actividad privada.

Esta política fracasó porque en sólo dos meses la inflación superó el 15%, y si no se hacía un nuevo ajuste el salario tendía ese año a una importante caída (cuando el gobierno sostenía que ese no era su objetivo). La central de trabajadores solicitó una reunión al presidente exigiéndole una negociación colectiva. Esto llevó a la convocatoria de los Consejos.

Segunda: convenios por cinco ajustes variables (setiembre 1990-1992)

En las negociaciones de setiembre el gobierno presentó una propuesta de convenios que sin duda fueron los más complejos de la historia. Sólo se indicarán sus objetivos. Los ajustes salariales tenían tres componentes: ajuste básico por 75% de la inflación esperada, gatillo y correctivo. Esto se fijó para alcanzar de a poco el nivel salarial de octubre 1989-enero 1990, es decir, el previo al gobierno. El gobierno quería desindexar la economía con dos herramientas: el ajuste básico por 75% y el tiempo variable entre ajustes, ya que estos se realizaban cuando la inflación alcanzaba el valor del ajuste básico anterior. Si la inflación hubiera sido 0% no habría más ajustes salariales (el salario real no aumentaría, pero tampoco caería, porque no habían subido los precios).

Estos convenios rigieron hasta 1992, aunque hubo algunos convenios más largos y un aumento del salario real por efecto de los correctivos, que compensaron la importante caída salarial que se produjo en 1990 por la elevada inflación, que alcanzó en ese año al 129%.

Tercera: aumentos por inflación esperada (1992-1993)

Esta política significa el inicio del retiro de las negociaciones. El gobierno decidió no citar los Consejos de Salarios, salvo por pedido de los actores sociales. En este caso lo convocaron y propusieron como pauta salarial que se hicieran tres aumentos en el año siguiente, que en su conjunto alcanzaran a la inflación esperada por el gobierno. Empresarios y trabajadores también podían hacer otros acuerdos, pero en este caso no habría homologación, por lo que no lo tenían que cumplir las empresas no afiliadas a la cámara firmante. La inflación estimada fue siempre inferior a la real, por lo cual los sindicatos que aceptaban estos convenios lo hacían para lograr la homologación, aunque sabían que seguramente el salario caería.

El hecho que dio golpe final a esta política fue la huelga de la construcción de 1993. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Anexos no aceptó estas pautas ni la no homologación de otros acuerdos, y declaró una huelga general que se extendió por 83 días, una de las mayores de la historia. El resultado final fue la firma de un convenio que mantenía el salario real que fue homologado. De esta forma terminó esta política.

Cuarta: 1993 en adelante, el abstencionismo estatal

Desde mediados de 1993 y en el último año del gobierno nacionalista, finalmente el gobierno aplicó la política laboral que había anunciado desde el principio. Esto implicaba que el Estado no tenía ninguna intervención, los Consejos no se citarían salvo que los actores lo solicitaran (como establecía la ley), no habría pautas ni homologación. Se ingresaba finalmente en el liberalismo y la negociación bipartita.

Política laboral del gobierno colorado (1995-1999)

El gobierno del doctor Julio María Sanguinetti mantuvo los lineamientos generales de la política anterior. Para reducir la inflación se hizo un nuevo ajuste fiscal con aumento de los impuestos al consumo y a los ingresos fijos, aunque se redujeron los aportes patronales a la seguridad social en la industria, para aliviar los costos laborales en un sector en crisis (la política inflacionaria basada en el ancla del valor del dólar hizo que este se retrasara respecto de los precios, reduciendo la competitividad). Y hubo otras reformas, como la ley de inversiones, la reforma del sector educativo y lo que se denominó una reforma del Estado. En el terreno laboral se mantuvo la política de abstinencia de los últimos años del gobierno nacionalista, es decir, sin convocatoria de Consejos de Salarios y sin intervención estatal. El Ministerio de Trabajo convocó a varios ámbitos con trabajadores y empresarios, pero en la negociación salarial el liberalismo se aplica en todo el período, a diferencia de lo ocurrido en el anterior.

Los resultados

Quienes proponen la eliminación de los Consejos de Salarios, tanto en la década del 90 como actualmente, afirman que la negociación por empresa y el liberalismo (no participación del Estado) mejoran el salario real y los empleos. Veamos qué indican las estadísticas oficiales en los dos gobiernos de la década del 90.

¿Subieron los salarios?

Nos centraremos en los salarios privados, porque era en ellos donde operaban los Consejos en ese tiempo. En el Cuadro se indican los aumentos de los salarios reales y del PIB para los diez años analizados. Se incluyen las cifras del PIB porque este nos da la medida en que aumentó la riqueza nacional y que se podría distribuir en la sociedad. Si el aumento de lo que recibe un sector social determinado es igual a la variación del PIB, mantendrá su participación en este. En cambio, si es menor, reducirá su participación, y la mayor riqueza será apropiada por otro sector social.

Estas cifras dejan claro que los salarios reales subieron en el primer período y descendieron en el segundo. Considerando los diez años, aumentaron 7,5%. Sin embargo, estas cifras no pueden atribuirse a la política liberal, porque tal como se detalló anteriormente, hasta 1993 las políticas laborales no fueron las que originalmente había anunciado el gobierno. En 1990 hubo 141convenios negociados por rama. En los años siguientes se produjo un hecho original, pues aun sin convocatoria oficial de 1992 a 1994, hubo muchos convenios de rama (68, 80 y 60 en los tres años, respectivamente). Esto quizá indique que, más allá de los anuncios gubernamentales, los actores mantuvieron su práctica negociadora tradicional, probablemente dudando de que se mantuviera la política.

En 1994, en pleno liberalismo, el salario real subió sólo 1,1% y en 1993, 3,2%. En este primer período el modelo liberal sólo puede atribuirse al resultado de 1994 y una parte del de 1993. Por otro lado, en los cinco años del gobierno de Sanguinetti el salario real privado descendió. En conclusión, la afirmación de que habría (o hubo, se dijo) un aumento de los salarios no tiene sustento real.

Foto del artículo ''

Pero si comparamos el aumento del salario real y el del producto, podemos ver que hay una gran diferencia. Mientras que en la década el producto creció 36,6%, el salario sólo lo hizo 7,5%. Esto es indicativo de que la distribución del ingreso no favoreció a la población de ingresos fijos, trabajadores y pasivos (pues las jubilaciones suben con el aumento de los salarios). ¿Quién se apropió de la riqueza generada? Sin duda que los otros sectores sociales. No puede afirmarse que esta sea una distribución del ingreso equitativa.

¿Qué pasó con el empleo y el desempleo?

En el gráfico se indica la evolución de la tasa de actividad, de empleo y de desempleo. La actividad pasó de 57% a 59,3% en la década, lo que indica cierto aumento de la población que trabaja o busca empleo. Por su parte, la cantidad de puestos de trabajo ofrecidos aumentó muy poco, de 52,2% a 52,6%. El resultado fue el aumento del desempleo en los diez años, de 8,4% a 11,3%.

En conclusión, no puede afirmarse que la eliminación de los Consejos de Salarios significó ni aumento de salarios ni del empleo. Esto es lo que se deduce de la experiencia de los años 90, en la que los dos partidos tradicionales aplicaron la misma política laboral liberal. La reducción de la negociación colectiva sin duda tiene mucho que ver con estos magros resultados, particularmente desde el punto de vista social. Por eso muchas sociedades en la actualidad no reducen sino que aumentan la negociación colectiva, aunque enriqueciendo sus contenidos, como se indica a continuación.

¿Deberían pensarse cambios en los Consejos de Salarios?

Se ha dicho que los Consejos de Salarios son rígidos. Debería decirse que lo son tanto como los actores lo definan. Ha habido experiencias en nuestro país en que se consideraban las situaciones regionales, hubo Consejos que analizaron situaciones de empresas que por su situación no podían pagar los salarios decididos y acordaron regímenes especiales, puede considerarse el tamaño de las empresas, etcétera. Los Consejos admiten flexibilidades diversas, que dependen de los actores sociales.

Asimismo, han mostrado flexibilidad para fijar los salarios de acuerdo a la situación del sector, como ocurre desde 2010, cuando las pautas gubernamentales incluyeron esta diferenciación, por la cual los mayores aumentos salariales ocurren en las empresas dinámicas y los menores en las que tienen dificultades. La definición de cómo está el sector es discutida y acordada por las partes.

La evolución de la economía mundial, que está atravesando una revolución tecnológica, presenta un desafío a empresarios y trabajadores. Las nuevas tecnologías generan enormes aumentos en la productividad, que es la causa real de la competitividad. Si un país se margina de estos cambios, sin duda tendrá problemas de empleo y de ingresos, porque su competitividad se reducirá.

Pero no hay una única manera de hacer los cambios, ni en la forma ni en los tiempos. Esto permite analizar las transformaciones y, si hay costos sociales, implementar políticas compensatorias, como capacitación para reinserción laboral o promoción de autoemprendimientos, etcétera. Estos temas podrían ser abordados por los actores, como ocurre en países líderes en cambios tecnológicos como Francia y Alemania. Esto implicaría enriquecer la negociación colectiva, tratando no sólo salario y beneficios sociales. Podría afirmarse que los cambios vendrán aunque no se negocien. Aunque en este caso los costos sociales serán superiores.