Sobre la calle Gestido, casi en la esquina con Obligado, en pleno Pocitos, hay una casa grande, vieja, pintada de amarillo. Allí vivían, hasta ayer, 34 personas (30 adultos y cuatro niños). La casa había sido alquilada por una inmobiliaria, y una uruguaya administraba las 25 habitaciones que funcionaban como “pensión” y eran ocupadas, en su mayoría, por migrantes de origen venezolano y cubano.

Ayer todos fueron desalojados, pero los trámites habían empezado mucho antes. La dueña del inmueble alegaba falta de pago, y en marzo de 2017 hubo una intimación de desalojo. Recién en setiembre de ese año los inquilinos, que aseguran haber pagado todos los meses, se enteraron de la situación y recurrieron al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Ruby Contreras, una de las personas que vivían allí, dijo a la diaria que no se enteraron antes porque la administradora escondía los documentos. A partir de 2017 hubo varias prórrogas, pero finalmente ayer debieron abandonar el lugar. La Justicia dispuso que a las 13.00 debían sacar todo del sitio. Desde temprano había en la calle camas, cocinas, máquinas de coser, colchones, ropa, cuadros y todo lo que habían juntado en el tiempo que llevan en Uruguay. Varias organizaciones intervinieron para que no quedaran sin un lugar donde vivir; la organización civil Idas y Vueltas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitaron una nueva prórroga de 15 días, que fue denegada por la Justicia.

Contreras dijo que al enterarse de la irregularidad dejaron de pagar la cuota para que los responsables registraran el inmueble como pensión, porque hasta ese momento figuraba como vivienda. “Como la Intendencia exigió serios requisitos, la decisión fue desocupar el lugar”, afirmó.

Ana Rosa, una inquilina de 59 años, de origen cubano, hacía un año que vivía en la pensión. Dijo a la diaria que pagaba 16.000 pesos por un cuarto, sin baño, que tenía un ventanal que daba a la calle. En el alquiler estaba incluida la luz, el agua e internet, pero ella debió contratar un servicio propio porque el wifi de la casa se cortaba por falta de pago, y lo mismo pasaba con la luz.

Ana Rosa tuvo un largo periplo antes de llegar a Montevideo: pasó por Guyana y Brasil, y su nieto, que empezó el viaje con ella, pasó un tiempo en Uruguay pero siguió su viaje hacia Europa.

Inquilina de la casa de Gestido y Obligado, ayer, durante el desalojo.

Inquilina de la casa de Gestido y Obligado, ayer, durante el desalojo.

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En esta pensión, según las personas consultadas por la diaria, el alquiler más barato era de 8.500 pesos por mes, y si se cambiaban de cuarto el precio podía subir 1.000 pesos o más. A cambio vivían en un lugar donde, además de los cortes de luz, los “caños eran inservibles” y no lograban desagotar el agua de los baños.

Mientras la diaria hablaba con Ana Rosa, los migrantes se enteraron de que existía la posibilidad de ir de forma provisoria, por 15 días, a un lugar en La Teja, pero ninguno sabía muy bien de qué se trataba ni dónde era. La abogada Fabiana Porto informó a los medios que el lugar en el que podrán alojarse es el Centro Cultural Vidplan, ubicado en la calle Real esquina José Mármol.

Sobre el futuro de estas familias, el procurador Rodigo Rolón, de la Udelar, dijo que la solución definitiva le corresponde a las autoridades. “No es que ellos quieran nada regalado, están dispuestos a pagar. Si hay voluntad siempre hay posibilidades”, dijo. Consultado por la prensa afirmó que las personas desalojadas tienen capacidad de pago porque trabajan, y aclaró que el mayor inconveniente que enfrentan es el acceso a la garantía.

Leonardo Fossatti, integrante de organización Idas y Vueltas y miembro del grupo de estudios migratorios de la Facultad de Humanidades de la Udelar, dijo a la diaria que la respuesta de las autoridades, a último momento, “fue bastante positiva, porque buscaron los mecanismos para solucionar la situación de calle”. Consideró que “lo que no está bueno es llegar a esta instancia”. Fossatti aseguró que hay muchos casos como el de la pensión de Pocitos. “Hace cuatro años que estamos denunciando situaciones como esta, tenemos un problema. Nosotros nunca dijimos que la solución es que le den una casa a cada persona, y entendemos que las pensiones son una forma de resolver el problema, pero no pueden funcionar de la forma en la que lo hacen ahora”, dijo.

Fossatti destacó la respuesta de la Intendencia de Montevideo, que fue la que consiguió el lugar transitorio para que se alojen y mandó los camiones para la mudanza. Pero dijo que la solución llegó recién ayer, “y eso es lo que no está bueno”.