Escrache a José Gavazzo, ayer, en su domicilio. Foto: Sandro Pereyra

El hombre de al lado

La pancarta quedó colgada en el ingreso al edificio ubicado en José Martí 3077: “Gavazzo: a donde vayas ¡¡te iremos a buscar!!”. Estaba dirigida al vecino del cuarto piso que quizá estaba de visita por dos días, luego de que el juez penal Martín Gesto dispusiera que la primera tobillera electrónica para un caso de salida transitoria especial domiciliaria fuera otorgada el viernes a José Gavazzo, privado de su libertad desde 2006 tras ser condenado por delitos de lesa humanidad.
Isabel Wschebor, responsable de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y Mirtha Guianze y Ariela Peralta
Distefano, integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ayer,
en la Asamblea Nacional del organismo. Foto:Iván Franco

Balanceados

El eje central de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fue la igualdad de trato y no discriminación, analizado en el abordaje de cinco temas: acceso a la Justicia; salud y salud mental; personas en situación de encierro o privadas de libertad; medioambiente y educación. Más de 100 personas integrantes de colectivos y organizaciones sociales se dividieron en cinco equipos de trabajo que discutieron y acordaron en subgrupos qué era imprescindible abordar respecto de cada uno de estos temas y qué papel debía jugar la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en cada caso.

Sin derecho a protestar

Detenciones arbitrarias, hostigamiento e incomunicación en comisarías por tiempo prolongado son situaciones que aparecen en relatos juveniles de Las Piedras. “Conocimos muchas historias de abuso y ahora pudimos comprobar que son ciertas”, dice John Díaz Cortés, educador del proyecto Minga, que el 5 de junio lo vivió en carne propia. Una camioneta policial llegó a su casa, donde estaba junto a uno de los adolescentes que participan en el mencionado proyecto salesiano.

Intocables

El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Estos datos pueden cruzarse con las denuncias por violaciones a la integridad personal, que representan 20,5% del total.
Estela de Carlotto, ayer, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Foto: Federico Gutiérrez

Antónimos del olvido

Se podría decir que la figura convocante fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero lo cierto es que ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se vivió la jornada de reflexión a 42 años del último golpe cívico militar en Uruguay desde la indignación ante ciertas continuidades represivas, la falta de verdad y justicia, y una insistencia casi oficial en formalizar la teoría de los dos demonios.

Se viene el estallido

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) evaluó ayer en asamblea nacional de delegados que habrá una “profundización del conflicto” si no hay “avances sustantivos en los ámbitos de negociación”, dijo José Olivera, secretario general de ese gremio a la diaria. Se decidió realizar un paro general nacional de 24 horas, con movilización y eventual ocupación de centros de estudio en la última semana de junio. La medida se coordinará con otros sindicatos de la educación.
Emilia Ruzo y Lilián Celiberti, denunciantes, ayer en el Batallón Nº 13, en Avenida de las Instrucciones. • Foto: Sandro Pereyra

Los resilientes

Siete de las 40 víctimas representadas por el abogado Pablo Chargoñia (que llevan adelante una denuncia contra 25 militares por delitos cometidos entre 1972 y 1985), pudieron efectuar ayer una inspección ocular en el Batallón de Infantería Blindada N° 13, autorizados por el juez penal de 2º Turno de Montevideo, Pedro Salazar. Chargoñia señaló que las “alteraciones en lugares de represión” son “perturbadoras” y exhortó a que el Ministerio de Defensa Nacional “resguarde” estos sitios.
Mariana Mallet en la disertación “Paradigma de la Justicia restaurativa: medidas socioeducativas no privativas de libertad”, ayer, en la Intendencia de Montevideo. Foto: Sandro Pereyra

Educar en la pena

“No se puede continuar con la respuesta represiva [hacia los adolescentes], como si ellos no fueran parte de la sociedad y como si ésta no fuera la responsable de que terminen agrediendo”, indicó el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, en la apertura de un seminario que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) realizó ayer en la Intendencia capitalina.

En busca de respuestas

El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por el Instituto de las Mujeres y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, impulsará la creación de una ley integral contra la violencia de género, y ayer debatió la posibilidad de crear normas específicas contra la trata y explotación de personas, así como fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

Parecido no es lo mismo

Esta semana, Uruguay abrió el debate institucional en torno a incorporar la figura legal de feminicidio. La directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, afirmó que buscarán incorporar esta figura en el Código Penal y en el anteproyecto de una ley integral contra la violencia basada en género que presentarán al Parlamento a fines de este mes.
Movilización Alerta Feminista. Foto: Pablo Vignali (archivo, febrero de 2015)

Ni una menos

En el marco de la movilización de repudio a femicidios cometidos en Argentina y bajo la consigna “¡Ni una menos!”, la Coordinadora de Feminismos de Uruguay decidió sumarse a la protesta. Aquí se agrega la consigna “¡Si tocan a una tocan a todas!”. Además de la concentración montevideana en la plaza Independencia y la marcha desde allí hasta la plaza Libertad a las 19.00, habrá movilizaciones en otros departamentos.
Ana Agostino. Foto: Sandro Pereyra (archivo, mayo de 2014)

Sin ruidos molestos

Ana Agostino, quien está al frente de la Defensoría del Vecino de Montevideo, ayer presentó el 8º informe anual de esta institución. La Defensoría “es un punto de partida desde el cual se identifican problemas de la ciudad. Muchas veces los casos que llegan son de difícil resolución, casos que la intendencia no puede resolver por sí misma porque no se trata de un trámite”, expresó. Las consultas, reclamos o propuestas están relacionados con problemas comunitarios.

Más que otear

El juez penal Pedro Salazar ordenó que el 11 de junio se efectúe una inspección ocular en el sitio conocido como “300 Carlos”, ubicado en el Batallón de Infantería Nº 13.
Cristina Lustemberg, subsecretaria de Salud Pública. Foto: Pablo Vignali (archivo, mayo de 2015)

Eso no se toca

Los derechos sexuales y reproductivos han logrado convertirse en objeto de políticas públicas durante la última década, “algo impensado en la lucha que las feministas y las organizaciones de la sociedad civil dábamos en los 90”, señaló ayer la psicóloga Alejandra López durante la presentación del informe editado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) titulado “Asegurar y avanzar sobre lo logrado”, que monitorea el estado de situación de dichos derechos entre 2010 y 2014. No obstante, “en algunas cuestiones estamos lloviendo sobre mojado”.